Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 23 de marzo.- “Colombia es uno de los países más peligrosos del planeta para ser defensor de derechos humanos, con 729 personas defensoras asesinadas en 20 años”, denunció hoy en Ginebra el portavoz del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Ben Leather, antes de añadir que “el Estado debe fortalecer su programa de protección, definir políticas de prevención, aumentar la capacidad de la Fiscalía General y acabar con la impunidad”.

El pronunciamiento tuvo lugar en el marco de la presentación del informe sobre Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, ACNUDH, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El reporte consigna el asesinato de 63 activistas durante 2015, cifra que “supera el promedio de homicidios de los últimos veinte años”, por lo que reitera que se requieren “mayores esfuerzos nacionales para la prevención y protección de los defensores y para superar el no cumplimiento de autoridades locales de desarrollar políticas y estrategias de prevención”.

Durante la reunión, estados como España, Irlanda y Noruega tomaron la palabra para unirse a la voz de alerta lanzada por la Oficina del ACNUDH. Suiza, por su parte, se refirió específicamente a la necesidad de proteger a los activistas comprometidos con la restitución de tierras y dijo a Colombia que “los asesinatos y las amenazas deben ser investigados y castigados de manera eficaz”.

Diversas organizaciones no gubernamentales coincidieron en que la situación de los defensores de derechos humanos y de líderes locales en Colombia está deteriorándose, y manifestaron que esto debe ser corregido con miras a construir una paz sostenible como resultado de las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC-EP.

Por ejemplo, Peace Brigades International, en conjunto con la Oficina Internacional para los Derechos Humanos, señaló que los “grupos neoparamilitares” son responsables del 66 % de las agresiones contra defensores, por lo que instó a Colombia a desmontar estas estructuras armadas ilegales, luchar contra la impunidad y no estigmatizar la labor de los activistas de derechos humanos sin lo cual “no habrá paz verdadera y sostenible”.

La Comisión Colombiana de Juristas enfatizó en que existen contradicciones entre los avances del proceso de paz y algunas posturas y políticas del gobierno colombiano. “La ausencia de una política eficaz de protección a defensores de los derechos humanos es una de ellas”, dijo Coljuristas, y señaló que “el desmedido aumento de asesinatos, amenazas y desplazamientos cometidos por grupos paramilitares demuestran que las actuales estrategias para combatirlos son insuficientes”.

Durante su intervención en calidad de Estado concernido por el reporte de la Oficina del ACNUDH, Colombia aseguró que la situación de los defensores de los derechos humanos es prioritaria y que el gobierno nacional está comprometido a “brindar garantías reales para el ejercicio de su labor”. “El sistema nacional de protección implementado en el país ha prestado protección a más de 9 500 personas y continuamos refinándolo”, aseguró la embajadora de Colombia ante la ONU, Beatriz Londoño.

El informe completo sobre Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está disponible en este enlace.