Hemos comprobado la participación de agentes estatales en ejecuciones extrajudiciales: Procuraduría de El Salvador

Tras la presentación del informe de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador declaró haber «comprobado la participación de agentes del Estado en la ejecución extralegal de personas, la mayoría de ellas vinculadas a maras o pandillas como resultado de enfrentamientos armados».

En el informe, que contiene los hallazgos que hizo durante su visita a El Salvador del 25 de enero al 5 de febrero de este año, la relatora Agnès Callamard identificó «un patrón de comportamiento entre el personal de seguridad que constituye ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de fuerza, cultivado y exacerbado por las muy débiles respuestas institucionales». Posteriormente, la procuradora, Raquel Caballero, confirmó la existencia de este patrón.

Después de la intervención de la experta de la ONU, la delegación de El Salvador negó la práctica de «una política de criminalización de jóvenes en el país» y, más bien, destacó el compromiso del Estado con “la inclusión y la reinserción de jóvenes en situación vulnerable”.

Esto, sin embargo, contrasta con los testimonios de víctimas y familiares recogidos por Callamard, que denuncian la existencia de «escuadrones de la muerte» en la Policía y el Ejército, algunos de los cuales habrían ejecutado a jóvenes sospechosos de pertenecer a pandillas. Según cifras presentadas en el informe de la experta, en 2017 se dieron 536 situaciones de «agresión con arma», en las que murieron 66 agentes de seguridad y 413 «criminales».

Aunque en el reporte Callamard reconoció la disminución en las tasas de homicidios por 100 000 habitantes de 103 en 2015 a 60.07 en 2017, así como también los esfuerzos del Gobierno a través de programas enfocados en la reinserción de miembros de pandillas, como «Plan El Salvador Seguro» y «Yo Cambio», la relatora advirtió que los recursos con los que cuentan son insuficientes y que aún predominan las políticas de «mano dura».

A su vez, la Procuraduría también destacó los esfuerzos del Estado dirigidos a moderar el uso de fuerza y de armas de fuego, pero aun así calificó de «represión en sus formas más extremas» a las acciones de la Policía y de las fuerzas armadas. En esta línea, la relatora advirtió que esta es la consecuencia negativa de la militarización de la Policía y la privatización de los servicios de seguridad.

Por otra parte, tanto la relatora como la procuradora señalaron el problema fundamental de la impunidad. «El Salvador no ha superado las violaciones al derecho a la vida atribuida a agentes estatales y no estatales», aseguró Caballero.

Según Callamard, la falta de investigaciones es a su vez una violación al derecho a la vida y subrayó que hasta ahora ninguna de las denuncias de asesinatos extrajudiciales ha resultado en la condena de algún agente policial o militar.

También con respecto al derecho a la vida, el informe de la relatora abordó otros temas como la Ley Especial contra Actos de Terrorismo y su posible uso para justificar la detención de jóvenes, así como las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las cárceles que resultan en altas tasas de mortalidad de reclusos.

De igual manera, expuso las problemáticas de violencia de género y, en particular, la prohibición absoluta del aborto que ha ocasionado de manera directa la muerte de mujeres embarazadas por no recibir la atención médica requerida para salvar sus vidas.