Traficante de armas sirio se querella contra España en la ONU por extradición a Estados Unidos
La apoderada del sirio Monzer Al Kassar presentó ante el Comité de Derechos Humanos una querella por lo que considera una violación de los derechos civiles y políticos de su defendido, extraditado por España a Estados Unidos en donde cumple una condena de 30 años de prisión.
El traficante de armas Monzer Al Kassar se querelló contra España ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por haberlo extraditado en 2008 a Estados Unidos, donde fue condenado a 30 años de cárcel. Así se dio a conocer en Ginebra por una comunicación de su abogada, la francesa Isabelle Coutant Peyre, quien acaba de pedir su “retorno” a España, “la restitución de sus bienes” y “la indemnización de la víctima”.
La demanda estima que al extraditar a Al Kassar España violó varios artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, cuyo cumplimiento vigila el Comité de Derechos Humanos de la ONU, un órgano de 18 expertos independientes que, además de examinar periódicamente a los Estados, puede pronunciarse sobre casos individuales si el país incriminado ha ratificado un protocolo facultativo al respecto, como hiciera España el 25 de enero de 1985.
En el relato de la querella aparece que Al Kassar fue detenido en España en 2007, a pedido de Estados Unidos, y fue reclamado como “fugitivo” por “conspirar para ayudar y proporcionar medios a una organización designada terrorista por Estados Unidos Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en vista de matar ciudadanos americanos y blanquear capitales”, acusación rechazada por su abogada defensora.
La versión de la jurista sostiene que las pruebas contra su cliente “fueron enteramente fabricadas por agentes de la Drug Enforcement Admnistration (DEA), que habían actuado fraudulentamente en el territorio español”, pues Al Kassar habría sido “aproximado en vista de una venta legal de armas destinada a los servicios de policía del Gobierno de Nicaragua”, y posteriormente contactado “por agentes clandestinos que se presentaron como representantes oficiales de ese Gobierno”.
El sirio Monzer Al Kassar purga una condena de 30 años en Estados Unidos por tráfico de armas
La letrada sostuvo que Al Kassar tomó el recaudo “de exigir un certificado de último usurario” a los compradores de las armas para “asegurarse de la legalidad de la operación” de solicitud y entrega de las mismas a Nicaragua e insistió que “jamás se trató de una venta” en beneficio” de la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, y puso al corriente del negocio a las autoridades españolas, que no habrían objetado la operación.
El 20 de noviembre de 2008, Al Kassar fue condenado en Nueva York a 30 años de prisión por haber participado en un “complot” para entregar una provisión de seis a ocho millones de dólares en armas rumanas a las FARC. Hoy purga su pena en “un departamento especial denominado CMU, conocido como ‘Guantánamo del norte’, en el seno de un establecimiento penitenciario de alta seguridad en Tierra Alta, en el estado de Indiana”, informó la abogada francesa.
La querella presenta a Monzer Al Kassar como “empresario”, un “intermediario en el comercio internacional y construcción de edificios”, un “hombre de negocios” quien, al ser detenido al bajar de un avión en Madrid el 7 de junio de 2007, tenía en trámite la nacionalidad española, la que poseen su esposa y tres de sus cuatro hijos, expulsados de Estados Unidos cuando quisieron visitarlo en prisión.
Ahora de 71 años, el traficante de origen sirio “es sometido a un régimen de aislamiento total, privado de visitas familiares” y padecería una “diabetes grave”, según su abogada. Por tratarse de un “procedimiento fabricado por la DEA”, con el “solo objetivo de fabricar un delito ficticio”, Al Kassar considera que Estados Unidos lo persigue por “un motivo político”, debido a sus críticas al presidente George W. Bush a raíz de la intervención militar en Irak.
En 2011, durante su actual cautiverio en Estados Unidos, Al Kassar fue condenado en ausencia a seis años de cárcel por irregularidades en la obtención de la ciudadanía argentina. En ese país perduran las sospechas de su presunta participación en los atentados antijudíos de la Embajada de Israel (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (1994), y en la venta ilegal de armas a Ecuador y los Balcanes. También se le atribuye haber pertrechado a los paramilitares islamistas en Somalia y al terrorismo sunita en Irak.
En 2003, ya afincado en Marbella, Al Kassar consiguió la devolución de cuatro millones de euros, bloqueados en un banco de Ginebra, provenientes de la venta de material militar a la antigua Yugoslavia en 1992, en violación del embargo decidido por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1991. Suiza no podía incautarle los fondos porque el material de guerra no había transitado por su territorio, ni el autor residía dentro de sus fronteras. España descartó hacerlo pese a que los fusiles, lanzagranadas y munición hicieron escala en el puerto de Ceuta, en donde se declaró que el cargamento contenía café y azúcar.
