Un año después del asesinato de Marielle Franco, las defensoras en Brasil siguen en peligro
Mônica Benício, activista y viuda de la defensora Marielle Franco, estuvo en Ginebra para denunciar la violencia, la criminalización y la impunidad que enfrentan las mujeres defensoras en Brasil.
Este mes se cumplirá un año del asesinato de la activista afrobrasileña Marielle Franco en Río de Janeiro. “Un año sin respuesta del Estado acerca de quién la mató y, sobre todo, quién la mandó a matar”, deploró Mônica Benício el pasado jueves durante un evento paralelo a la 40. ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.
La muerte de la concejala el 14 de marzo de 2018 puso en evidencia el clima de violencia e impunidad en que trabajan los defensores de derechos humanos en Brasil, en particular las mujeres negras de la comunidad LGBTI, como lo fue ella.
Benício explicó que era importante visibilizar ante la comunidad internacional la situación dramática que se vive en el país y criticó fuertemente el discurso pronunciado la semana pasada por la ministra brasileña de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, ante el Consejo de Derechos Humanos.
“El discurso de la ministra dice que todo está optimo, que todo está bien, que tenemos una democracia plena. Eso no es verdad”, expresó Benício en conversación con PANORAMA.
Un clima cada vez más hostil y desprotegido
Con una tasa de violencia que produjo 63 880 homicidios en 2017, Brasil es uno de los países más violentos en el mundo y también figura entre los más peligrosos para los defensores de derechos humanos, con 70 asesinados ese mismo año, según un informe de Front Line Defenders.
La discriminación que históricamente ha corroído el tejido social brasileño ha puesto en la mira a las mujeres y a las comunidades afro, indígenas y LGBTI. Por esto, el país ocupa el quinto lugar en feminicidios y el primero en asesinatos de personas LGBTI, con 445 solo en 2017.
En el mismo panel en el que intervino Benício, Sandra Braga, lideresa de Quilombo Mesquita, Goiás, en la región centro-oeste de Brasil, quien también participó como panelista, relató que los quilombolas están entre quienes corren mayor peligro por el hecho de luchar por su derecho a la tierra. En 2017, 14 defensores, en su mayoría mujeres, de esta comunidad afrodescendiente fueron asesinados por defender su territorio.
Esta situación, de acuerdo con Benício, es una reacción ante los avances evidentes que ha hecho el movimiento feminista en Brasil, puesto que “ha despertado temor dentro de los sectores profascistas y conservadores”.
Un caso emblemático
El caso de Marielle Franco ilustra perfectamente la situación. Incansable luchadora por los derechos de las mujeres, personas LGBTI y afrobrasileñas y comunidades pobres, Marielle Franco había logrado ocupar un espacio importante en el escenario político y estaba decidida a utilizar esa plataforma para denunciar la militarización de las operaciones policiales en las favelas, impulsada por el Gobierno del expresidente Michel Temer.
De acuerdo con los expertos de la ONU que condenaron el asesinato, este tuvo por objetivo intimidar a los defensores. El relator de la ONU para los defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien se pronunció igualmente sobre el caso en un informe presentado ante el Consejo este mes, estimó que “es un reflejo del clima de discriminación e intolerancia que persiste en Brasil”.
Una diplomática brasilera presente en el evento tomó la palabra y reiteró el compromiso de su Gobierno con el esclarecimiento de los hechos del caso de Marielle Franco, cuya investigación continúa siendo confidencial.
En sus declaraciones a PANORAMA, Benício comentó que veía esta respuesta “con un poco de cinismo”: “ellos saben que lo que están presentando no es la realidad, sin embargo, creo que es positivo que asuman el compromiso de hacer un trabajo serio”.
Benício cuenta actualmente con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que ha sido víctima de amenazas y hostigamiento. Igualmente, está bajo la tutela del programa de protección de defensores de derechos humanos en Brasil, el cual, según expusieron las panelistas, no está dotado de suficientes recursos para contrarrestar de manera eficiente la inseguridad que están enfrentando los defensores.
