Por: Ana Fondo
Ginebra, 16 de octubre.– El Día Mundial de la Alimentación se celebra hoy. Sin embargo, en la actualidad, 795 millones de personas en el mundo no tienen una correcta alimentación, es decir, casi uno de cada nueve habitantes del planeta. Muchos países latinoamericanos se encuentran entre los más desnutridos, mientras la comunidad internacional reflexiona sobre lo que debe hacerse y prepara la transición para el desarrollo sostenible a partir del 2015.
En la Cumbre Mundial sobre Alimentación (CMA) de 1996, dirigentes de 185 países reafirmaron «el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.» A su vez se comprometieron a reducir a la mitad el número de personas afectadas por la hambruna en este año, ¿sus objetivos se han convertido en una realidad?
Aunque un total de 31 países alcanzó la meta de la CMA al reducir la proporción de afectados a la mitad, muchos otros se quedaron en el camino. Entre estos Estados se encuentra Brasil, Chile, Cuba, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.
En América Latina todavía existen países con un alto porcentaje de desnutrición. Nicaragua, Guatemala y Bolivia son los que mayor insuficiencia alimentaria reportan con un tasa que supera, en algunos casos, el 25% de la población. Honduras, El Salvador, Perú, Panamá, Colombia, Ecuador y Paraguay tampoco se quedan muy atrás con una tasa entre 15% y 25% de personas que no cubren sus necesidades básicas alimenticias.
Según el informe sobre Inseguridad Alimentaria en el Mundo, en el cual se examinan los progresos hechos desde 1990 en todos los países y regiones, la mayoría de la población que padece hambre vive “en las zonas rurales”, donde la agricultura familiar es un modo prevaleciente. De esta manera se cumple una función esencial “para reducir la pobreza y el hambre” pero este sector de la población no siempre es capaz de autoabastecerse.
En dicho informe se facilitan estimaciones de los progresos ya realizados y, a su vez, los problemas restantes proporcionando orientación sobre las políticas en las que los Estados deberían hacer hincapié en un futuro. Además, señalan las factores del éxito en los países que han cumplido sus objetivos hasta la fecha.
De este punto, surge la cuestión de los derechos fundamentales también para los campesinos y las personas que trabajan la tierra, que son uno de los colectivos más vulnerables. Según un informe reciente de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en ámbitos rurales “los campesinos tienen derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura.”
Siguiendo con el informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria, en él se valoran algunos efectos positivos que han sido de total influencia en países latinoamericanos como Brasil, donde el crecimiento económico está relacionado directamente con la participación de la mujer en la mano de obra, el cual se incrementó de un 45 % en el período 1990-94 a un 60 % en 2013. En Costa Rica, la proporción de trabajadoras aumentó en un 23 % entre 2000 y 2008.
Según los datos registrados, en muchas ocasiones, la apertura del comercio internacional “ofrece posibilidades para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición al aumentar la disponibilidad de alimentos, así como para promover las inversiones y el crecimiento.”
A su vez, la protección social es vital para reducir el hambre y la malnutrición mediante el fomento de políticas para conseguir la autosuficiencia y el acceso a una nutrición, asistencia sanitaria y educación. En este punto, se incide en la necesidad de los gobiernos para abordar las causas y hacer frente a la vulnerabilidad, respetando los derechos humanos fundamentales e integrando asistencia humanitaria.
En una resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos durante el 28º período de sesiones (marzo de 2015) se ratificó la realidad de cómo “el hambre constituye una ignominia y un atentado contra la dignidad humana y que, por lo tanto, es preciso adoptar medidas urgentes a nivel nacional, regional e internacional para su erradicación”.
Por esta razón, desde Naciones Unidas se busca soluciones al fenómenos de la inseguridad alimentaria y bajo el lema “El futuro que queremos” recogido en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se promueve seguir avanzando en reducir el problema del hambre en el mundo.
