Una experta de la ONU aseguró que El Salvador no ha reconocido la crisis de desplazamiento interno

por | 24-06-2018

La relatora especial sobre los desplazados forzados indicó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el alto número de víctimas de esta violación es un síntoma evidente de la magnitud de la violencia que vive El Salvador.

Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, presentó su informe sobre El Salvador el pasado viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se encuentra reunido este mes en Ginebra para su trigésima octava sesión. En él, detalló la violencia generalizada que viven los salvadoreños como consecuencia de la elevada presencia de pandillas y de maras en casi todo el territorio.

Durante su visita a El Salvador, que tuvo lugar entre el 14 y el 18 de agosto de 2017, la experta constató que “aunque el Gobierno reconoce la enorme magnitud de la violencia y, por ello, aplica medidas de seguridad extraordinarias, no ha reconocido la crisis de desplazamiento interno, que es un síntoma evidente de esa violencia.”

El Salvador es uno de los países más peligros del mundo, con una tasa de 60 homicidios por 100 000 habitantes. De estos, dos tercios se atribuyen a miembros de las maras, según el informe de la relatora, en el que se estima que entre 2006 y 2016, 71 500 personas fueron desplazadas.

La delegación salvadoreña tomó la palabra ante el Consejo después de la intervención de la relatora y aseguró que “si bien el Salvador no ha reconocido el desplazamiento interno, el Gobierno está realizando acciones para brindar asistencia y protección a personas que son objeto de movilidad interna a causa de la violencia en todas sus dimensiones”.

Por su parte, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, Raquel Caballero, quien también tuvo la oportunidad de dirigirse ante el Consejo, tildó los esfuerzos del Estado de “incipientes” y advirtió que “hasta ahora, no han dado resultados satisfactorios”.

Aunque Jimenez-Damary reconoció los esfuerzos del Gobierno, tal como la puesta en marcha del Plan El Salvador Seguro, uno de los problemas que destacó es la discrepancia entre las cifras recogidas por el Estado, que solo cuentan unos centenares de desplazados, y las registradas por la sociedad civil y las organizaciones internacionales, que más bien estiman que se trata de decenas o incluso centenares de miles de personas.

“Los casos y las cifras registrados por la sociedad civil y órganos como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos representan solo la punta del iceberg del desplazamiento interno, que, en su mayor parte, sigue siendo un fenómeno oculto,” constató la relatora en el informe.

Una de las dificultades para conocer el número exacto de víctimas, según la relatora, es que muchas familias se desplazan por miedo a la violencia, extorsión y amenazas por parte de las pandillas, por lo que prefieren quedar en el anonimato. Otro factor que impulsa a las personas a huir sin contactar a las autoridades, constató la relatora, es la impunidad. Según datos utilizados en el informe, menos del 5 % de las denuncias con cargos penales resultan en una condena.

La relatora también enfocó una parte de su informe en grupos específicos con alto riesgo de ser afectados por el desplazamiento interno. Por un lado, señaló que los puebles indígenas expresaron preocupación durante su visita ante el riesgo de verse desplazados de sus tierras ancestrales cuando el Gobierno y empresas privadas llevan a cabo proyectos de desarrollo en ellas. Asimismo, la relatora identificó como grupos vulnerables a las personas LGBTI y a las mujeres, que enfrentan altas tasas de feminicidio y de violencia sexual.

Al finalizar su intervención, El Salvador informó que acogerá y pondrá en marcha las recomendaciones que formuló la relatora.