Ginebra, octubre 14.- La periodista mexicana Lydia Cacho denunció la impunidad practicada en su país que impide conocer y sancionar a los autores de las múltiples violaciones de los derechos humanos que ha padecido por su labor profesional, informó hoy durante una rueda de prensa en Ginebra, acompañada por la Organización No Gubernamental “Artículo 19”, especializada en la defensa de la libertad de expresión.

La denuncia fue elevada al Comité de Derechos Humanos de la ONU, el órgano de expertos independientes que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, uno de los pilares fundadores de Naciones Unidas. Dicho instrumento, ratificado por México, además de supervisar a los Estados parte, puede pronunciarse sobre casos individuales una vez que hayan agotado las instancias judiciales internas de un país, lo que ha ocurrido en México con Lydia Cacho.

En efecto, el 16 de diciembre de 2005, bajo pretexto de un procedimiento penal en su contra por supuesta difamación, “fue detenida arbitrariamente, incomunicada y torturada por más de 20 horas, desde la salida del estado de Quintana Roo hasta su llegada al estado de Puebla (aproximadamente 1,472 kilómetros)”, en manos de la fuerza pública, reza la declaración escrita distribuida por Lydia Cacho a la prensa.

“Me hicieron saber que habían recibido órdenes, que tenía que firmar un documento, donde constaba que era falso lo que yo había revelado en un libro sobre pornografía infantil y que no me metiera más en esos temas”, precisó la cronista a “Panorama Diplomático, tras reseñar que preside el Centro Integral de Atención para la Mujer (CIAM), donde actúa como defensora de los derechos humanos, al tiempo que continúa con la publicación de sus libros periodísticos [1].

Al día siguiente Lydia Cacho recuperó la libertad bajo fianza, pero poco después un tribunal ordenó su entrada en prisión, medida que ella apeló el 27 de diciembre de 2005. Recién un año más tarde obtuvo una resolución absolutoria por la presunta difamación. No obstante, el acoso prosiguió: tentativa de homicidio en 2007, amenazas de muerte vía internet en febrero y abril de 2009, mensajes telefónicos de asedio y actos de intimidación en 2010. Hasta que “en octubre de 2012 me llegó un mail en el que me decían que me iban a cortar las manos y dárselas a mi padre, y la cabeza a los abogados si no paraba de escribir contra los narcotraficantes”, subrayó la reportera.

El sumario por las torturas que sufriera Lydia Cacho siguió su curso, sin que los policías victimarios fueran detenidos, exhibiendo diligencias contradictorias e inconducentes entre 2005 y 2008. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México tuvo conocimiento del caso en 2009 y la Comisión Interaméricana de Derechos Humanos abrió un expediente en 2010, pero “no hay certeza … que permita acreditar la existencia del delito y probable responsabilidad de los agresores (luego) de ocho años sin avances en la búsqueda de verdad, justicia y reparación”, concluyó la presentación escrita presentada por la periodista.

¿Cuáles serían las razones de tanto empeño estatal, en sus diversos estamentos, por preservar la impunidad?: “Es para proteger los vínculos entre narcotraficantes, criminalidad organizada y el Estado en sus diferentes niveles, gobiernos locales, y gobierno federal. Existen claras evidencias que México es un narcoestado y para eso tienen que generar impunidad”, finalizó Lydia Cacho, quien a partir de ahora queda a la espera que el Comité de Derechos Humanos de la ONU sancione a México por no haber garantizados sus derechos individuales, y lo obligue a castigar a sus verdugos.

 

[1]Los libros publicados por Lydia Cacho son: Esclavas del poder, Grijalbo, 2010; Memorias de una infamia, Grijalbo, 2008; Esta boca es mía, Planeta, 2006 y Demonios del Edén, Grijalbo, 2005.