Venezuela responderá en marzo de 2017 a recomendaciones de derechos humanos en la ONU

por | 03-11-2016

Tras acudir a su segundo Examen Periódico Universal, Venezuela resolvió llevarse a estudio las 274 recomendaciones que le formularon sus pares. El Estado comunicará en marzo de 2017 si decide aceptarlas.

Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela

Venezuela postergó para marzo de 2017 responder a las 274 recomendaciones que le formularon los demás Estados de las Naciones Unidas en el marco de su Examen Periódico Universal (EPU), una revisión entre pares a la que cada uno de los 193 miembros de la ONU está obligado a someterse cada cuatro años y medio.

Venezuela podría haber respondido hoy, pero optó por aplazar pronunciarse hasta la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano integrado por 47 Estados elegidos por el voto secreto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta opción de posponer definirse ante las recomendaciones ya ha sido utilizada por varios otros países.

La inquietud más reiterada por la comunidad internacional ha sido el reclamo de que Venezuela extienda una “invitación abierta” a los denominados “relatores especiales” de la ONU, expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos para observar, a escala mundial, asuntos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria o las violaciones de la libertad de expresión.

Unos 20 países pidieron que Venezuela acepte las visitas de estos relatores. Entre ellos se destacan Japón, Costa Rica, Portugal, Ghana, Australia, Noruega y Guatemala. Esta recomendación es un mensaje para que Venezuela participe activamente en el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, pues estos expertos rinden cuentas de sus actividades al Consejo de Derechos Humanos, que los designa por consenso y les fija un mandato preciso.

Otros18 Estados, entre los que están México, Italia, Holanda, Chile y Nueva Zelanda, hicieron un llamado en favor de la libertad de expresión. Paralelamente, otros se mostraron alarmados por los ataques y amenazas contra periodistas y por la seguridad de los defensores de los derechos humanos, mientras que 5 Estados más apuntaron a erradicar las detenciones arbitrarias en Venezuela (Nueva Zelanda, Australia, Brasil, Canadá e Irlanda).

La ratificación de instrumentos de la ONU, que todavía Venezuela no ha asumido, como la Convención que protege contra las desapariciones forzadas, o el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, que permite a los enviados de la ONU visitar por sorpresa las cárceles de los Estados miembros, fue la preocupación de unos 16 países, entre ellos Francia, República Dominicana, Armenia, Turquía, Senegal y Kenia.

La búsqueda del diálogo entre el oficialismo y la oposición, para resolver la crisis que atraviesa Venezuela, fue propuesto por Reino Unido, Burundi, Vietnam, Noruega, Estados Unidos y la Santa Sede, al tiempo que siete países mostraron su preocupación por el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado y las ejecuciones extrajudiciales, temas abordados por Argentina, Ghana, la Santa Sede, Italia, Maldivas y Corea del Sur.

Uruguay, Brasil y Canadá alentaron a Venezuela a reconsiderar la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mientras que Malasia, República Dominicana, Liechtenstein, Eslovenia, Timor Leste, Ucrania, Egipto, Bahréin y Namibia requirieron medidas para frenar la violencia contra la mujer.

La independencia de la justicia y el respeto a la separación de poderes constituyeron preocupaciones manifestadas por la Santa Sede, Alemania, República Checa, Canadá, España y Suiza. En solitario, Estados Unidos recordó el derecho constitucional en vista de la realización de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro y España exhortó a la liberación de los presos políticos.