Por: Edgar García
Ginebra, 1 de junio.- El martes 2 y el miércoles 3 de junio, Venezuela presentará su informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), órgano de Naciones Unidas compuesto por 18 expertos independientes encargado de supervisar la implementación del Pacto homónimo. La comparecencia de Venezuela, que tendrá lugar en el Palacio Wilson, sede de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos, es parte del compromiso adquirido por el Estado por ser parte del instrumento internacional desde 1978.
Con respecto al derecho a un nivel de vida adecuado, el Estado tendrá que proporcionar información sobre la situación de “alegada escasez, y en algunos casos de desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad” según el Comité. En los últimos años, se han observado en el país filas de ciudadanos que intentan conseguir esos tipos de bienes con precios regulados por el gobierno, tal como la leche, la mantequilla o el azúcar.
Conforme a datos brindados por la empresa venezolana de investigación de mercado “Datanálisis” en el encuentro “Tendencia del Consumidor 2015”, durante el primer semestre de 2015 “la escasez promedio está cerca del 57%, cifra que se prevé que aumente hasta un 65% para fin de año”.
De igual modo, Venezuela tendrá que responder sobre las medidas que ha adoptado para luchar contra esta situación, así como para reducir el “persistente déficit” habitacional, para garantizar el acceso al agua potable “en cantidad suficiente” y para prevenir que las actividades industriales y de extracción minera generen altos índices de contaminación al medio ambiente, particularmente en territorio donde habitan pueblos indígenas.
También se esperan informaciones sobre la lucha contra la corrupción y particularmente sobre la implementación de la Ley contra la Corrupción. De igual modo, a los expertos les interesa conocer el número de denuncias, las investigaciones realizadas y la proporción de denuncias que concluyeron en condenas, “así como sobre la protección otorgada a las personas que denuncian casos de corrupción”.
Según el índice de percepción de corrupción elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional y basado en una escala de cero (percepción de muy corrupto) a cien (percepción de ausencia de corrupción), Venezuela obtiene 19 puntos, situándose en el puesto 161 a nivel mundial. Eso significa que el Estado venezolano es el país más corrupto de América Latina y se encuentra en los 15 países con más corrupción en el mundo, como Corea del Norte o Iraq.
En cuanto el derecho a trabajar, el Estado venezolano tendrá que informar sobre medidas adoptadas para que toda persona pueda ejercer sus derechos sindicales “libremente”. Asimismo, qué acciones se han implementado para investigar violaciones de los derechos sindicales como “actos de violencia y hostigamiento contra dirigentes sindicales”, así como las medidas para prevenir la injerencia de las autoridades en las elecciones sindicales y “todo tipo de restricción” a estos derechos.
Finalmente, el Comité solicitó conocer si existe una ley integral que prohíba todas las formas de discriminación y cuáles son las medidas en la lucha contra la discriminación hacia los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los refugiados y las personas con VIH/SIDA en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En este contexto, Venezuela tendrá que brindar informaciones sobre las funciones de las instituciones creadas para la protección a los derechos consagrados en el Pacto.
