Experto de Naciones Unidas pidió a Venezuela garantizar la independencia judicial
El relator recordó que la independencia de la Justicia es un pilar del Estado de derecho. La Unión Interparlamentaria pidió garantías para los miembros de la Asamblea Nacional.
Diego García-Sayán, relator especial de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, llamó al Estado venezolano a adoptar “todas las medidas necesarias para garantizar plenamente que jueces, magistrados y fiscales puedan realizar sus funciones con plena independencia y garantías en aras de garantizar los derechos humanos en el país”.
A través de un comunicado difundido hoy en Ginebra, el experto de origen peruano recalcó que todos los ciudadanos tienen derecho a que el sistema judicial opere en un entorno seguro y sin recibir influencias, presiones, amenazas o intromisiones de ninguna índole.
García-Sayán dijo estar preocupado por las medidas del Tribunal Supremo de Justicia contra el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que prohíben al parlamentario salir del país y congelan sus activos financieros mientras esté abierta la investigación que inició el pasado 29 de enero por solicitud de la Fiscalía General de la República, luego de que el líder opositor se autoproclamara, el 23 de ese mes, como “presidente interino”.
Según el relator “hay poderosos elementos para concluir que las medidas contra el Sr. Guaidó no han sido adoptadas de acuerdo con los requisitos constitucionales, el procedimiento legalmente establecido y el respeto los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
La Unión Interparlamentaria también pidió garantías para Guaidó y la Asamblea Nacional
Este pronunciamiento del experto de la ONU ocurre el mismo día en que el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria (UIP) publicó las decisiones que tomó en su sesión de la semana pasada, y en las que también hizo un llamado a las autoridades venezolanas a proteger los derechos de los miembros de la Asamblea Nacional.
Con respecto a Guaidó, la UIP solicitó a Venezuela aclarar los hechos y fundamentos jurídicos que dieron origen a las medidas del Tribunal Supremo. Además de calificar como “arbitrario” su arresto el pasado 13 de enero, la Unión Interparlamentaria pidió a las autoridades informar qué medidas se han tomado para llevar ante la Justicia a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que arrestaron al político opositor y que, según Caracas, actuaron unilateralmente.
En el caso de Venezuela, las decisiones de la UIP cobijan en total a 60 miembros de la Asamblea Nacional. Entre ellos figuran Julio Borges, Carlos Paparoni, Freddy Guevara, Dennis Fernández, Gaby Arellano y Juan Requesens, quien se encuentra preso por su supuesta participación en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018.
La UIP, que considera que el fuero parlamentario de Requesens fue gravemente violado, solicitó a Venezuela investigar las denuncias según las cuales el diputado opositor habría sido forzado a autoincriminarse y pidió a las autoridades garantizarle condiciones de vida dignas mientras se encuentre privado de la libertad.
