Violencia en contra de líderes indígenas y afroperuanos preocupa a expertos de la ONU

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por «los crecientes índices de violencia en contra de defensores de derechos humanos, especialmente líderes de pueblos indígenas y afroperuanos». El grupo de expertos independientes de la ONU se reunió con una delegación de Perú los pasados 25 y 26 de abril en Ginebra y, tras evaluar su situación en materia de derechos humanos, instó al Estado a investigar las denuncias de hostigamiento, intimidación, represalias y amenazas que enfrentan los defensores, con el fin de sancionar a los responsables.

En ese contexto, el Comité pidió investigar el homicidio de la líder indígena Olivia Arévalo, curandera del pueblo shipibo-konibo y defensora de derechos culturales y ambientales, quien fue asesinada el 19 de abril en la entrada de su casa, ubicada en la comunidad de Victoria Gracia, en la región amazónica de Ucayali.

Su muerte se suma a una larga lista de asesinatos no resueltos de activistas indígenas en Perú. Según reportó Global Witness, entre 57 defensores ambientales fueron asesinados en el país entre 2002 y 2014. Esto obedece a una tendencia general de incremento en los niveles de violencia en contra de defensores en la región. De acuerdo con un reporte de la misma organización, en 2016 el 60 % de los homicidios de defensores ambientales en el mundo sucedieron en Latinoamérica.

En el informe alternativo que presentó al Comité, la Federación de las Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes denunció que rara vez se llevan a cabo investigaciones para identificar y procesar a los responsables de estos crímenes. Según indicaron, los ataques en contra de líderes indígenas suelen estar conexos con su activismo en contra de la tala ilegal y el cultivo de palma de aceite en sus tierras.

En su última evaluación a Perú en 2014, los expertos ya habían manifestado preocupación por los proyectos de explotación de recursos naturales que vulneraban los derechos de los pueblos indígenas y por los cuales se habían producido persecuciones penales y uso excesivo de fuerza en contra de activistas.

Esta vez, el Comité reiteró su inquietud y exhortó al Estado a investigar «todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y abusos cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en contra de miembros de pueblos indígenas». Asimismo, advirtió que los convenios de prestación de servicios con empresas mineras en territorios indígenas comprometían la autonomía e imparcialidad de la Policía Nacional, por lo que el Estado debería considerar eliminarlos.

Los expertos también reiteraron su recomendación pasada de investigar casos de víctimas de esterilización forzada y garantizarles su acceso al registro de víctimas. El Estado tiene un año para informar al Comité sobre estas investigaciones, además de los ataques en contra de defensores indígenas y afroperuanos y el uso excesivo de fuerza.

El Estado deberá presentar al Comité su próximo informe a más tardar en octubre de 2022, en el cual detallará sus logros y obstáculos en la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Perú en 1971.