Por: Ines Carel

 

Ginebra, 23 de julio.- El Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó a Venezuela asegurar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias y respetar los derechos humanos de quienes participan en manifestaciones.

Las recomendaciones, consignadas en el reporte final del examen del Estado venezolano, fueron formuladas por los 18 expertos que conforman este órgano encargado de velar por la aplicación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Venezuela en 1978.

De acuerdo con ellos, la falta de imparcialidad del Poder Judicial venezolano es una consecuencia de que “sólo el 34 por ciento de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”.

Para resolver esta situación, el Comité recomendó que se tomen “medidas inmediatas para asegurar y proteger la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizar que su actuación esté libre de todo tipo presiones e injerencias”.

En particular, el Comité hizo hincapié en el caso de la Jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada entre 2009 y 2013 por haber “tomado medidas desfavorables al Gobierno”. Asimismo recomendó “que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufrido durante su detención”.

Los expertos manifestaron su inquietud ante las informaciones contradictorias que han recibido “respecto a los niveles de hacinamiento y las condiciones de detención, particularmente en relación con el acceso a servicios de salud adecuados, en los lugares de privación de libertad“. Por lo tanto, insistieron en que se vele por el respeto de la “dignidad de los privados de libertad” y que se ponga fin a “la violencia en los centros de privación de libertad”.

Sobre el tema de las detenciones, el Comité destacó que “hasta 2014 más del 60 por ciento de las personas privadas de libertad se encontraba en prisión preventiva” por lo cual subrayó la necesidad de adoptar “las medidas necesarias para garantizar que la prisión preventiva no sea la regla general y que en la práctica se priorice la imposición de medidas alternativas a la misma”.

Con respecto a las manifestaciones que tuvieron lugar en el país en los primeros meses de 2014, el Comité argumentó que se necesita “prevenir y eliminar efectivamente el uso excesivo de la fuerza por los miembros de las fuerzas del orden” así como “garantizar que ninguna persona sea sometida a detención arbitraria” y que “las tareas de mantenimiento del orden público estén a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no militares”.

Venezuela tiene hasta el 24 de julio de 2018 para presentar su próximo informe periódico ante el Comité. Allí deberá explicar las medidas que puso en marcha para implementar las recomendaciones que hoy le fueron formuladas y dar cuenta de su situación en materia de derechos civiles y políticos.