ACNUDH confirma el uso de fuerza excesiva en la represión de las protestas poselectorales en Honduras

Este 12 de marzo, la Oficina del ACNUDH publicó informe con sus hallazgos sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras y determinó que se reprimieron las protestas con fuerza excesiva y letal. De las 23 personas que resultaron muertas durante las manifestaciones, según el ACNUDH, «al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas dos mujeres y dos niños».

El pasado 7 de marzo, el alto comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, había anunciado la publicación de su informe sobre la situación poselectoral en Honduras y había expresado preocupación ante las amenazas e intimidaciones que han estado enfrentando defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales de medios de comunicación, y activistas sociales y políticos. Aunque hizo uso de la palabra tras la presentación del informe de Zeid, el Estado hondureño no se pronunció al respecto.

Desde el golpe de estado militar de 2009, el proceso político en Honduras se ha visto socavado y cada vez más fragilizado por la ausencia de reformas en el ámbito institucional, político, económico y social, según el informe. La Oficina del Alto Comisionado encontró que el periodo anterior a las elecciones de 2017 se caracterizó por una polarización política del país, desconfianza en el proceso electoral, alegaciones de fraude y desacato del límite constitucional de mandatos presidenciales.

Esto llevó a una serie de protestas poselectorales que cuestionaron la legitimidad de la reelección del presidente Juan Orlando Hernández. En consecuencia, el Gobierno declaró un estado de excepción mediante un toque de queda de 10 días y procedió a la represión de los manifestantes y a la vulneración de sus derechos.

Según las indagaciones del ACNUDH, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 1351 personas entre el 1 y el 5 de diciembre, por violar el toque de queda, mediante prácticas de detenciones masivas e indiscriminadas. Además, el informe recogió «alegaciones creíbles y coherentes de malos tratos contra personas en el momento de su arresto y/o detención».

El análisis hecho por el ACNUDH de las lesiones que sufrieron las víctimas indica un uso intencional y letal de las armas de fuego por parte de las fuerzas armadas, y no de carácter disuasivo. «El hecho de que siete personas murieron como consecuencia del impacto de balas en la cabeza suscita serias preocupaciones por el uso excesivo de la fuerza letal, y podría equivaler a ejecuciones extrajudiciales», se declara en el informe.

Una mayor inquietud que resalta el informe es la ausencia de cargos contra miembros de las fuerzas de seguridad por las muertes violentas y lesiones causadas durante las protestas. Hasta la fecha, el desarrollo de las investigaciones se ha mantenido en la oscuridad puesto que varias instituciones se mostraron poco cooperadoras para su elaboración y no proporcionaron la información requerida.

En el documento se instó al Estado a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y el pleno disfrute de los derechos políticos. También se recomendó al Estado comenzar de inmediato con los procedimientos para determinar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad por uso de fuerza excesiva y malos tratos. Según determinó el ACNUDH, la situación de los derechos humanos en Honduras corre el riesgo de seguir deteriorándose si las violaciones no son investigadas correctamente y se impide que queden impunes. 

El 21 de marzo, el alto comisionado presentará el informe de su oficina regional en Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos, que celebra su trigésima séptima sesión este mes en Ginebra.