ACNUDH denunció los «impactos draconianos» de la prohibición del aborto en El Salvador
Durante la presentación de su reporte anual ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein lamentó la situación de las salvadoreñas que pagan hasta 40 años de cárcel por haber abortado.
Tan solo horas antes de la conmemoración Día Internacional de la Mujer, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, deploró “las consecuencias draconianas” de las leyes que han privado de libertad a más de 159 mujeres en El Salvador desde 1998 por haber tenido un aborto inducido o espontáneo. Durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, que sesiona este mes en Ginebra por trigésima séptima vez, Zeid expresó consternación ante la situación de estas mujeres que cumplen sentencias de hasta 40 años de prisión.
El Salvador es uno de los cuatro países latinoamericanos que mantienen una prohibición absoluta del aborto, sin permitirlo siquiera cuando peligra la vida de la mujer, el embarazo es producto de una violación o el feto presenta una malformación incompatible con la vida. Además, es el que aplica la ley de forma más severa ya que un número elevado de mujeres han sido enjuiciadas y condenadas por delitos relacionados con el aborto.
En su discurso, pronunciado el pasado 7 de marzo, el alto comisionado se refirió al caso de Teodora Vázquez, condenada en 2008 a 30 años de prisión por homicidio agravado al haber sufrido un aborto espontáneo, y quien fue recientemente liberada por el Tribunal Supremo de El Salvador. El testimonio de la joven salvadoreña, a quien Zeid conoció en 2017 durante una visita al centro de detención de Ilopango, y los esfuerzos de algunos legisladores en el país para aumentar las condenas hasta por 10 años, fueron fuertes constataciones para el alto comisionado, quien dijo darse cuenta de «lo crueles que podemos ser los seres humanos».
El Salvador respondió al discurso de Zeid y señaló que «los casos de detención de mujeres por abortos, y la legislación vigente, tienen que ser analizados por la Oficina del Alto Comisionado en una forma objetiva, en un contexto intermedio, cooperativo y de búsqueda de soluciones y recomendaciones». El Estado argumentó que siempre ha cooperado con el sistema de derechos humanos de la ONU y que el alto comisionado debería orientar su informe hacia la creación de espacios de diálogo.
Sin embargo, los distintos mecanismos de derechos humanos de la ONU llevan años emitiendo recomendaciones e insistiéndole al Estado salvadoreño que revise su legislación en materia de aborto y que derogue su aplicación.
Los diez años que tuvo que pasar Teodora Vázquez en la cárcel por haber sufrido un aborto espontáneo son testimonio de que El Salvador ha decidido desoír las peticiones de la comunidad internacional de cesar con la severa criminalización de las mujeres por abortar, y que afecta de manera particular a las mujeres más pobres de la sociedad, como el mismo Zeid lamentó en su alocución: «una y otra vez son las personas pobres alrededor del mundo quienes, por no tener acceso a un fuerte asesoramiento legal, ni lazos familiares, ni dinero para viajar fuera del país, sufren terriblemente, siempre son los pobres, siempre».
Zeid advirtió que, si bien la conmutación de la pena de Teodora ha sido un paso hacia delante, ella aún no ha sido declarada inocente y muchas otras salvadoreñas todavía se enfrentan a graves violaciones de sus derechos humanos, por lo que volvió a instar al Estado a revisar todos los casos de mujeres encarceladas por haber abortado.
El alto comisionado dedicó también un acápite de su intervención a las defensoras de los derechos de las mujeres, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos: “donde quiera que he viajado he tenido el privilegio de conocer a mujeres que desafían las restricciones a su libertad. Estas mujeres resilientes y poderosas nos han enseñado que cada individuo puede transformar la sociedad y el mundo”.
