Alto comisionado de la ONU para los derechos humanos pidió una investigación internacional para Venezuela

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, urgió hoy al Consejo de Derechos Humanos a establecer una investigación internacional para esclarecer las violaciones que habrían tenido lugar en Venezuela en el contexto de las protestas contra el Gobierno, algunas de las cuales, según sus investigaciones, podrían constituir crímenes contra la humanidad.

En su discurso de apertura de la trigesimosexta sesión del Consejo, el jefe de la rama de derechos humanos de la ONU dijo en Ginebra que, aunque es partidario del establecimiento de una comisión nacional de verdad y reparación, “el mecanismo actual es inadecuado”, por lo que pidió que se reajuste “con el apoyo y participación de la comunidad internacional”.

Zeid insistió en que, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos, Venezuela tiene el deber especial “de aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 60/25, a través de la cual la Asamblea General de la ONU estableció en 2006 el Consejo, un órgano intergubernamental conformado por 47 Estados y cuyo propósito es promover y proteger los derechos humanos alrededor del mundo.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó el pasado 30 de agosto un informe sobre derechos humanos en el Estado venezolano, en el que denunció la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. El informe se basó en 135 testimonios de víctimas, testigos, representantes de ONG, periodistas, abogados y médicos, que fueron recopilados desde Panamá y Ginebra, pues no le fue permitido entrar al país para llevar a cabo las pesquisas.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien también intervino hoy ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo que “los recientes intentos de informes contra Venezuela carecen de rigor metodológico, son infundados, inducidos y direccionados para perturbar la soberanía, la paz y la estabilidad de nuestro pueblo”, y sostuvo que la OACNUDH tiene un “comportamiento selectivo, parcializado y politizado” contra el Estado.

En el mismo sentido, Arreaza aseguró que la Oficina del Alto Comisionado “debe realizar sus actividades en estricto cumplimiento del mandato establecido por la Asamblea General, actuando a solicitud de los Estados miembros sin extralimitarse en sus funciones”.  

Así mismo, el diplomático sostuvo que durante las protestas, que empezaron en abril de este año, “los grupos antigubernamentales recurrieron de manera sistemática al uso de armas de fuego, colocación de barricadas y trampas mortales, uso de armas de fabricación casera y explosivos (…), en violación de los principios de la manifestación pacífica consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales”.

“El resultado de estas acciones, continuó el funcionario, fue la lamentable pérdida de 121 vidas humanas, cifra que dio el Ministerio Público de Venezuela, con la anterior gestión. La mayoría de estas muertes son directamente atribuibles al accionar violento de los grupos antigubernamentales”, afirmó antes de agregar que 829 miembros de la fuerza pública fueron heridos durante las protestas y que, en los 16 casos en los que se estableció un uso desproporcionado de la fuerza, “los funcionarios están puestos a la orden de la Justicia venezolana”.

El canciller denunció también la amenaza de Estados Unidos de recurrir a la fuerza y las sanciones que han sido anunciadas por la administración federal: “Este Consejo ha reconocido que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, la Carta de la ONU y las normas y principios que regulan las relaciones entre Estados”, aseguró.

Arreaza informó que el Estado solicitará la asistencia técnica de la OACNUDH para implementar las 193 recomendaciones que aceptó durante su segundo Examen Periódico Universal, que tuvo lugar en noviembre de 2016.

Finalmente, anunció que el Estado invitará a tres de los expertos del Consejo de Derechos Humanos, conocidos como procedimientos especiales, a visitar el territorio nacional para evaluar la situación específica que les confiere su mandato.  

Aunque el canciller no precisó a cuáles expertos se refería, PANORAMA pudo confirmar que se trata del relator especial sobre medidas coercitivas unilaterales, su homólogo sobre derecho al desarrollo y el experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, precisamente titulares de mandatos que no examinan asuntos de derechos humanos relativos a las violaciones que se denuncian en el Estado, como las que contiene el informe de la OACNUDH.

En cualquier caso, estas visitas pondrán fin a un periodo de 21 años en los que los expertos de la ONU no han pisado suelo venezolano.