La ONU pidió a Colombia implementar el enfoque de género del Acuerdo de Paz

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó el pasado lunes a Colombia acelerar, de manera prioritaria, “la implementación de las disposiciones en materia de género del Acuerdo de Paz, incluyendo aquellas relacionadas con las garantías de seguridad para las lideresas y las defensoras de derechos humanos y la reintegración de las excombatientes de las FARC”.

Esta recomendación hace parte de las observaciones publicadas por este órgano especializado de la ONU, que examinó la situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia el pasado 19 de febrero.

Tal como ha ocurrido con otras instancias de Naciones Unidas, el CEDAW reconoció la importancia de la firma del Acuerdo de Paz, destacó la participación de las mujeres en las negociaciones y celebró la incorporación de un enfoque diferencial de género en los acuerdos. Sin embargo, manifestó estar preocupado por “la lentitud con la que se están implementando las disposiciones del acuerdo en materia de género y la falta de armonización con el Plan Nacional de Desarrollo”.

La recomendación de acelerar la implementación del enfoque de género del acuerdo se deriva, además, de otra constatación que hizo el Comité durante el examen de la situación en Colombia: “que las amenazas, la violencia contra las defensoras de derechos humanos, incluyendo la violencia sexual, aumentaron de manera impresionante en el periodo posterior a la firma del acuerdo”.

Ya a lo largo de la sesión de evaluación en febrero, los expertos del Comité habían dejado clara su preocupación por la situación de las mujeres pertenecientes a las minorías y a los grupos más vulnerables, como las afrocolombianas, indígenas, campesinas, lesbianas, bisexuales, transexuales y las mujeres con discapacidad. En estas recomendaciones consignaron que ellas “siguen sufriendo graves violaciones de sus derechos, sin tener acceso a la protección del Estado y la Justicia”. 

De igual manera, el CEDAW instó a Colombia a fortalecer la presencia de instituciones estatales y el acceso a servicios básicos en las antiguas zonas de conflicto, tomando en cuenta las necesidades específicas de las mujeres afrocolombianas, indígenas y con discapacidad.  En el mismo sentido, pidió proteger de la violencia a la población que vive en estas zonas y prevenir el reclutamiento de menores por parte de grupos armados.

Defensoras y líderes sociales

Por otra parte, aunque saludó la adopción del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, lamentó “la prevalencia de los homicidios, amenazas y otras violaciones perpetradas contra las mujeres defensoras y los altos índices de impunidad por estos crímenes”. Así mismo, los expertos especificaron que lo que más les preocupa son las amenazas que enfrentan las mujeres que trabajan localmente en la implementación del acuerdo y las reclamantes de tierras.

Por lo anterior, el Comité recomendó a Colombia garantizar que el Programa cuente con el personal y los recursos suficientes para funcionar adecuadamente e incluir a las organizaciones de mujeres en los procesos de monitoreo de su implementación.

Igualmente, pidió asegurar la sostenibilidad de la estrategia de investigación y judicialización de delitos contra defensoras y defensores de derechos humanos, encabezada por la Fiscalía General de la Nación, y poner en marcha campañas de sensibilización “acerca del importante rol de las mujeres defensoras en la promoción de la paz y los derechos humanos”.

Otros temas de preocupación

El Comité también formuló recomendaciones sobre violencia de género, trata de personas, acceso a la educación, al empleo digno y a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el que las mujeres migrantes venezolanas reciban servicios sanitarios materno-infantiles, más allá de la atención de urgencias, independientemente de su estatus migratorio.

Además, solicitó a las autoridades nacionales otorgarle rango ministerial a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer con el fin de fortalecer su papel en la formulación, diseño, implementación y monitoreo de las políticas de género.  De igual forma, el Estado debe garantizar la participación de las mujeres de las minorías en la Consejería.

El CEDAW es un grupo de 23 expertos internacionales que velan por la aplicación de las disposiciones de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue ratificada por Colombia en 1982. Con intervalos de cuatro años, los 189 Estados parte de esta Convención deben informarle al Comité qué han hecho para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres en su jurisdicción. Colombia volverá a hacerlo en 2023.