“Colombia debe priorizar la rehabilitación de las víctimas con discapacidad”: ONU

El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomendó al Estado colombiano incluir el enfoque de la discapacidad en todos los programas de rehabilitación, reinserción social, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

Luego de examinar a Colombia los pasados 23 y 24 de agosto en Ginebra, este órgano de la ONU, conformado por 18 expertos independientes, manifestó al Estado su preocupación por no haber considerado prioritaria la inclusión de la perspectiva de la discapacidad en los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC.

Además, el Comité expresó su inquietud por “la falta de accesibilidad del Registro Único de Víctimas”, por “la solicitud de interdicción para ser beneficiario de la indemnización a víctimas” y por “el alto número de personas víctimas de minas antipersonal y los pocos esfuerzos por su rehabilitación integral y reinserción comunitaria”.

Con el fin de subsanar lo anterior, el Comité recomendó a Colombia adoptar políticas de rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad víctimas del conflicto “que incluyan medidas para la reinserción comunitaria con enfoque de género, particularmente dirigidas a personas que adquirieron discapacidades psicosociales como consecuencia del conflicto armado”.

Este es el texto completo de las recomendaciones del Comité a Colombia

De igual manera pidió “asegurar la accesibilidad de todos los procedimientos relacionados al Registro Único de Víctimas, particularmente en las áreas rurales y zonas más remotas”.

En el mismo sentido, el Comité señaló expresamente la necesidad de eliminar el requisito de la interdicción para ser beneficiario de los programas de reparación y atención de víctimas del conflicto armado.

Dada la importancia que estas recomendaciones tienen en el marco de la finalización del proceso de paz en Colombia, y del inicio de la fase de implementación de los acuerdos alcanzados por las partes, el Comité otorgó al Estado un año para informarle sobre los avances que haya hecho al respecto.

Esterilización no consentida

También dentro de doce meses Colombia deberá anunciarle al Comité lo que haya emprendido para abolir la esterilización de personas con discapacidad, una práctica actualmente legal en el país, aun sin el consentimiento de la persona interesada, si se cuenta con la autorización de un juez.

El Comité recomendó al Estado “adoptar todas las medidas necesarias para abolir la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento libre e informado, incluyendo la derogación del artículo 6 de la ley 1412 de 2010”.

De igual manera le pidió revisar las sentencias de la Corte Constitucional “con objeto de mantener la prohibición de esterilización de personas con discapacidad, particularmente de niños y niñas”.

Finalmente, el Comité instó a Colombia a dar formación a jueces y fiscales sobre los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones internacionales que contrajo el Estado cuando, en mayo de 2011, ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuya aplicación vela el Comité.