Colombianas llevan a la ONU denuncias sobre violaciones de los derechos de grupos étnicos
Mujeres representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas están en Ginebra para participar en el Foro de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Entrevista.
Lucía Morillo y Maryury Mosquera, colombianas defensoras de los derechos humanos y pertenecientes a grupos étnicos, están en Ginebra para participar en el Quinto Foro de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, que tiene lugar del 14 al 16 de noviembre.
Panorama habló con ellas sobre su visita a Ginebra, las repercusiones de la actividad minera sobre los pueblos indígenas y afrocolombianos, la respuesta del Estado y sus expectativas con respecto a esta labor de incidencia en las Naciones Unidas.
Los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la extracción minera
“Los pueblos indígenas en Colombia han venido sufriendo violaciones de sus derechos fundamentales. Nos hemos enfrentado no solamente con el Estado y los grupos ilegales, sino también con los legales, quienes no nos han dejado hacer uso de nuestro territorio y gozar de nuestros usos y costumbres”, dijo Morillo, abogada de la Comunidad de Juristas Akubadaura.
“Desde que se emitió la Sentencia T-025 de 2004, donde se hace todo el análisis del desplazamiento en Colombia, nos dimos cuenta de que muchos desplazamientos tienen que ver con que ya se estaban planeando las concesiones mineras”, explicó la defensora de derechos humanos.
“Cuando en 2009 salió el Auto 004, sobre seguimiento a los temas indígenas, 34 de los pueblos que se declaran en riesgo de extinción física y cultural estaban en los lugares que más adelante fueron declarados como áreas estratégicas mineras”, precisó.
Acerca del rol de las empresas en esos procesos, la abogada indicó que “estén directa o indirectamente involucradas, sí se han venido beneficiando del desplazamiento que ha ocurrido no solamente por el conflicto armado, sino también por la política económica que se ha establecido”.
Con respecto a la respuesta del Estado, Morillo sentenció que “solo ha dejado una política de restitución de tierras que, tras cinco años de haber entrado en vigencia, todavía ni siquiera ha alcanzado el 2 % de los pueblos indígenas focalizados para restitución”.
“Queremos visibilizar esos casos. Vinimos a participar en el Foro en el marco de nuestro trabajo de incidencia internacional. Nuestro socio, Tierra Digna, tuvo ayer un panel en el que mostramos nuestra postura crítica frente al tema de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos”, señaló.
Morillo añadió que es importante ampliar la agenda de discusión para que la reconciliación sea posible: “El único tema de Colombia no es el proceso de paz. No puede haber paz cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta de cuáles son esas realidades. Al país todavía le hace falta mucho para que las comunidades tengan la paz que tanto anhelan”.
La situación de los territorios colectivos de las comunidades afro
Por su parte, Maryury Mosquera, agrónoma del Consejo Comunitario Cocomopoca, explicó que el principal objetivo de su participación en el Foro es “hacer sinergia con organizaciones que nos puedan ayudar a visibilizar la dificultad que hay frente a la restitución de derechos territoriales en Colombia y las trabas que ha tenido el proceso”.
Mosquera explicó a Panorama que el Consejo Comunitario al que pertenece tiene titulación colectiva de los territorios en los que están asentadas las comunidades que lo conforman: “hicimos la solicitud en 1999, pero solo hasta 2011 nos dieron la titulación. Ese proceso, que no tiene por qué durar más de seis meses, tardó 12 años. Y el Estado aprovechó esa época para dar en concesión el 48.9 % de nuestro territorio a la grande minería. Esa también fue la época de más violencia y desplazamiento en el territorio”.
“Para las comunidades afro, como para las indígenas, el territorio es el todo: es donde hacemos todas nuestras actividades tanto culturales como económicas. Cocomopoca, desde su nacimiento, ha sufrido de todo tipo de violaciones, desplazamiento y violencia de todos los grupos armados”, denunció. “Tenemos muchas amenazas sobre el territorio, especialmente de las concesiones, que atentan contra la libre movilidad e implican la pérdida de territorio”.
La joven activista precisó que en este momento las empresas mineras no están presentes en el terreno pues “en una gran coalición de organizaciones de base hemos logrado suspender esa área estratégica minera y, gracias a la demanda que tenemos de restitución de derechos territoriales, las concesiones están congeladas”. Sin embargo, sostuvo, “es un riesgo inminente que tenemos dentro del territorio. Y la presencia de la minería ilegal no hace sino agudizarlo”.
Finalmente, Mosquera declaró que “no puede haber paz si no hay un reconocimiento real del Estado frente a los grupos étnicos”. “Ellos mismos nos dieron unas leyes que nos reconocen y nos dan la libertad de tener un territorio, pero si no nos respetan eso, que somos sujetos de derechos, grupos étnicos y parte del país, no va a haber paz en Colombia”, concluyó.
