Por: Edgar García
Ginebra, 13 de febrero.- Hoy el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) se mostró preocupado por la impunidad que impera en México “respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”. Esta conclusión forma parte del informe final que entregó el grupo de expertos de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Desaparición Forzada, tras haber examinado al país a inicios de febrero.
Durante el examen a México, la delegación oficial informó a los expertos respecto del registro de más de 24 mil casos de desapariciones forzadas, al tiempo de dar cuenta que sólo han habido seis sentencias condenatorias relacionadas con estos casos, todas anteriores a 2006.
El Comité también manifestó su preocupación por la inoperancia del sistema judicial frente a estos casos, situación que se constata en “informes que dan cuenta de una serie de obstáculos que no permitirían que las investigaciones de las desapariciones forzadas se realicen de manera eficaz”.
Como parte de las recomendaciones que remitió al país, el grupo de experto pidió a México “redoblar sus esfuerzos con miras a asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, se proceda a realizar sin demora una investigación exhaustiva e imparcial, aun cuando no se haya presentado una denuncia formal, y que los presuntos autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
También el CED instó a México a que en casos presuntos de desaparición forzada “se proceda a investigar de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber estado involucrados (…) y tomar las medidas necesarias para garantizar que las fuerzas del orden o de seguridad, sean civiles o militares, cuyos miembros se encuentren bajo sospecha de haber cometido una desaparición forzada no participen en la investigación”.
Los expertos llamaron la atención sobre el hecho que México no cuenta con un “marco normativo en vigor” en estricto apego a la Convención sobre Desapariciones Forzadas y que “el desempeño de algunas autoridades competentes” no está conforme plenamente con las obligaciones derivadas del instrumento internacional del cual México es parte.
Por tal motivo, el Comité urgió a las autoridades mexicanas a que aprueben “a la mayor brevedad” una ley que reglamente todos los aspectos de la desaparición forzada contenidos en la Convención, particularmente lo relativo a “la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de las desapariciones forzadas así como a la búsqueda y situación legal de las personas desaparecidas”.
