La ONU reiteró que El Salvador debe dejar de criminalizar a las mujeres y niñas por abortar

Después de reunirse en marzo de este año en Ginebra con una delegación de El Salvador, los 18 expertos del Comité de la ONU encargado de velar por la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifestaron su inquietud por la prohibición absoluta del aborto y las penas de hasta 40 años de prisión a las que son sometidas algunas mujeres que interrumpen sus embarazos.

“El Estado parte debe revisar todos los casos de mujeres que han sido encarceladas por delitos relacionados con el aborto, con el objetivo de asegurar su puesta en libertad, garantizar a estas mujeres el acceso a asistencia jurídica y el cumplimiento del debido proceso”, declaró el Comité en sus observaciones finales, publicadas el pasado 6 de abril.

El Salvador tiene una de las legislaciones más severas en el mundo en materia de aborto, pues lo penaliza sin excepción alguna. Las mujeres que interrumpen sus embarazos, o que sufren abortos espontáneos, corren el riesgo de ser sentenciadas a penas de dos a ocho años de cárcel y, como ha ocurrido varias veces, los cargos pueden ser elevados a homicidio agravado, lo que aumenta la pena hasta 40 años de prisión.

Este fue el caso de Teodora Vázquez y Maira Figueroa Marroquín, ambas recientemente liberadas después de cumplir con buena parte de una condena de 30 años por haber sufrido un aborto espontáneo durante el último trimestre de embarazo. Si bien en los últimos meses han puesto en libertad a varias mujeres en situación similar, aún hay 24 que están encarceladas y otras más en proceso de ser juzgadas por el mismo motivo.   

La privación de la libertad de este grupo de mujeres ha sido recibida con rotunda desaprobación por parte de la comunidad internacional. Es la tercera vez que el Comité de Derechos Humanos aborda específicamente el tema de la criminalización de las mujeres que acuden a abortos clandestinos y urge al Estado a despenalizar el aborto cuando peligre la vida de la mujer, el embarazo sea producto de una violación o se trate de una malformación que causa la inviabilidad del feto.

Otras instancias de derechos humanos, como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han llamado previamente la atención al Estado sobre esta persecución que recae exclusivamente sobre mujeres de escasos recursos.

También el pasado 6 de abril, el alto comisionado de la ONU parar los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, instó en una carta a los miembros de la Asamblea Legislativa de El Salvador, quienes actualmente estudian una iniciativa para revisar la prohibición total del aborto, a adaptar la legislación para hacerla compatible con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. “De esta forma se garantizarán los derechos de las mujeres, incluyendo su derecho a la vida y a la salud; el derecho a la intimidad y a la prohibición de la tortura y a otras formas de trato cruel, inhumano y degradante”, concluye Zeid en su carta.

El Comité otorgó dos años a El Salvador para proporcionar información acerca de los avances que haga en materia de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El Estado también deberá presentar su próximo informe periódico en abril de 2023, de manera que los expertos puedan examinar las medidas tomadas, así como también los obstáculos que puedan existir para garantizar el pleno goce de los derechos civiles y políticos en el país.