Ginebra 22 Septiembre. – Costa Rica decidió rechazar 15 recomendaciones, de un total de 178 que recibió durante su evaluación en el Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. Este proceso culminó de manera definitiva el pasado viernes con la adopción final del informe en el Consejo de Derechos Humanos. A pesar de haber admitido la gran mayoría, se rehusó a hacerlo en temas relacionados con migración, aborto y cohabitación de parejas del mismo sexo.

En materia de migración el país tico se negó a asumir recomendaciones sobre la ratificación de la Convención Internacional de protección a los derechos de trabajadores migrantes, porque dicho instrumento “refleja exclusivamente el interés de países que dan origen a flujos migratorios importantes y no así de los países que los reciben y hacen frente a sus necesidades”. Del mismo modo, rehusó a considerar la ampliación de la legislación para brindar acceso a justicia, educación, salud y seguridad a todos los migrantes independientemente de su condición jurídica.

Respecto al aborto, Bélgica, Suiza, Francia y Noruega exhortaron al Estado centroamericano a modificar la legislación relativa al aborto para legalizarlo en casos de violación e incesto. Costa Rica se abstuvo, alegando que el marco constitucional lo impide y que tal cambio va más allá de las posibilidades del gobierno pues depende del poder legislativo cambiar la ley. Según el Estado, sólo se puede ejecutar el aborto terapéutico en los casos en que el embarazo pone en riesgo la vida de la madre, según el artículo 121 del Código Penal.

En reacción, el Centro para los Derechos Reproductivos recordó que el país tiene en curso dos demandas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no interrumpir embarazos cuando el feto tenía malformaciones. Según esta organización, el Estado no consideró los daños a la salud mental y física que sufrieron estas mujeres, lo cual es producto de la ausencia de protocolos de salud integral que se ajusten a las disposiciones legales.

Costa Rica también denegó la recomendación de Países Bajos de legalizar el contrato de cohabitación para parejas del mismo sexo, pero indicó que la Caja Costarricense del Seguro Social reformó su regulación para permitir que dichas parejas se aseguren y sean beneficiarias de pólizas de vida y seguros voluntarios, lo cual garantiza los derechos patrimoniales del esta población.

En contraste, el país rechazó las recomendaciones de Bangladesh y Mauritania orientadas a defender los valores tradicionales de la vida familiar argumentando que “en Costa Rica se respeta la pluralidad de familias”. Esto, pues Bangladesh, apoyado por Estados de marcados valores islámicos y también por el Vaticano, ha dirigido una campaña para limitar el concepto de familia a la unión de un hombre y una mujer, con el objeto de prohibir las familias de padres del mismo sexo.

Sin embargo, muchas de las recomendaciones recibidas durante el EPU han sido recogidas por el país y ya están siendo implementadas, como la tipificación del delito de trata de personas en niños, la creación de una Política Nacional para la Equidad de Género, una Política Nacional para la Niñez y adolescencia y una Comisión de atención y prevención a la violencia intrafamiliar; también han ratificado algunos instrumentos internacionales, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio 189 de la OIT sobre los trabajadores domésticos. 

El EPU se realiza cada 4 años y medio. Esta es la segunda ocasión que el Estado centroamericano es examinado. En 2012 presentó un informe de seguimiento sobre la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas en 2010.