Por: Ana Fondo

 

Ginebra, 17 de noviembre.- Margaret Jungk, presidenta del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, afirmó ayer durante su primera intervención en el cuarto Foro sobre empresas y derechos humanos que no se sabe con certeza “si las acciones llevadas a cabo por las compañías generan el resultado esperado” en materia de protección de los derechos humanos porque los datos al respecto “son escasos”.

En un panel de discusión compuesto por mujeres y moderado por el único hombre de la mesa, Phil Bloomer, director ejecutivo del Foro, se abordó la necesidad de medir la aplicación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos con el fin de prevenir y remediar las prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de grupos empresariales.

Durante su introducción, Margaret Jungk insistió en el cuidado que deben tener los Estados a la hora de tomar decisiones basadas en las mediciones o las encuestas como referencias reales porque “las mediciones no siempre son 100 % correctas y es necesario ver cómo se pueden mejorar”. Jungk también enfatizó la de incluir en el Examen Periódico Universal, EPU, recomendaciones sobre la observancia de los Principios Rectores.

Harriet Berg, ministra consejera de la misión Noruega que participó en el panel, mencionó, también con respecto al EPU, que “los Estados tendrían que tener todos los datos disponibles en cuenta a la hora de evaluar a otros y de formular recomendaciones en el Examen Periódico Universal”.

Una de las intervenciones más impactantes fue la de Tricia Olsen, de la Universidad de Denver, quien lleva a cabo un estudio sobre la relevancia de las encuestas y el muestreo pues, en ocasiones, estas “son muy imprecisas y dependen del porcentaje encuestado”.

Hasta el momento ha podido documentar 1446 presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de empresas en América Latina. En el 43 % de las acusaciones, el Estado fue cómplice por acción u omisión. Con respecto al daño sufrido, 36 % de los casos hacen referencia a abusos a la integridad física, mientras que 34 % fueron agresiones al medio ambiente.

“Los casos penales se limitan a investigar abusos contra la integridad física, mientras que de aquellos cometidos contra el medio ambiente se tratan como un asunto de responsabilidad civil”, concluyó la investigadora.

Sobre el final de la sesión, Claret Vargas, directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford, preguntó a las panelistas por la responsabilidad penal en la cadena de mando en las empresas. Según ella, los empresarios de menor rango sufren las consecuencias legales por las violaciones de derechos humanos “pero luego no hay un seguimiento para los superiores. Aquéllos que están detrás de los abusos, con más poder, no son castigados”.

Según las integrantes del panel, las sanciones no difieren en realidad en función del rango de los funcionarios. En todo caso, concluyeron, cualquier actividad judicial crea un efecto disuasorio “aunque no llegue a todos los culpables”.

El cuarto Foro de las Naciones Unidas reunirá durante tres días a más de 2.000 personas en el Palacio de las Naciones en Ginebra. Durante el día de hoy tendrá lugar el segmento de alto nivel, seguido por cuatro paneles temáticos. El miércoles continuará con discusiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el sector privado y los Principios Rectores.