Los contratos legalmente vinculantes son una parte vital de todas las transacciones comerciales. Según la forma en que se interpreta, esto incluye cualquier tipo de acuerdo comercial legal, como órdenes de compra, contratos de arrendamiento, contratos de servicio y contratos de empleo. Pero, ¿qué efecto tiene tener o no tener una orden de compra que es un po legalmente vinculante en los problemas de derechos humanos en América Latina?
En primer lugar, todos sabemos que América Latina cumple con los estándares de derecho internacional relacionados con los derechos humanos, porque fue aquí donde esos estándares se establecieron por primera vez. Las Naciones Unidas y sus agencias, incluida la Corte Internacional de Justicia (CIJ), desempeñaron un papel vital en el establecimiento de la Carta de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos. Las Américas luego llevaron esta antorcha y la mantuvieron viva a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se crearon nuevas declaraciones y se añadieron nuevas directrices todo el tiempo, sobre una serie de temas, incluyendo pero no limitado a:
Con esta historia firmemente en mente, podemos considerar cómo temas aparentemente no relacionados como los contratos legalmente vinculantes y las órdenes de compra, por ejemplo, han influido en la forma en que las empresas implementan sus prácticas de responsabilidad social corporativa en la región.
Al hacer un registro (como firmar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas) y prometer mantener los diez principios de derechos humanos en todas partes, las empresas están obligadas a criterios socialmente responsables. Estos criterios pueden, y han sido, utilizados en órdenes de compra para hacer cumplir acuerdos comerciales que cumplan con las directrices de responsabilidad social. Hay muchos otros tipos de acuerdos comerciales donde se pueden utilizar estos criterios, incluidos los contratos de arrendamiento de empleados. En algunos casos, se revisan ciertos indicadores y se pueden medir para determinar si el cumplimiento es satisfactorio. Estos han sido llamados «calificación social». Algunos de estos contratos se tienen en cuenta en el Anexo a los Tratados Internacionales de Impuestos.
Estas prácticas afectan los derechos socioeconómicos de la ciudadanía en América Latina, lo que significa que las empresas son contratos legalmente vinculantes que no solo les permiten parecer que están cumpliendo con los protocolos internacionales, sino que también les permiten cosechar ciertos beneficios como parte de una red internacional más grande. Como tal, estas empresas pueden utilizar el Observatorio Internacional de Contratos, o el RIDH, como una red institucional internacional para verificar instituciones y autoridades que pueden o no beneficiarse de ciertos beneficios ofrecidos por la CIJ, CIDH e incluso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En resumen, utilizar instrumentos como este marcará la diferencia en si es gratificante ser parte de las redes mencionadas, o si simplemente no importará.
El panorama completo incluye muchos conceptos, incluido el derecho contractual aplicable a nivel internacional. Al tomar el concepto de órdenes de compra y entender el efecto que tener o no tener un documento legalmente vinculante tiene sobre la sostenibilidad del sistema de calificación social por parte de las empresas, podemos comprender mejor el efecto que estos procesos tienen sobre los problemas de derechos humanos en Latam. Los debates actuales están relacionados con:
Para más información sobre los estándares de derechos humanos, puede visitar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
¿Hacia dónde crees que se dirige el futuro de la orden de compra, en términos de ser legalmente vinculante? ¿Es ventajoso para las empresas tener múltiples contratos legalmente vinculantes, o solo unos pocos?
