Ginebra 12 Septiembre. – La frase fue enunciada este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por el experto en justicia transicional, el colombiano Pablo de Greiff. El relator afirmó que la reconciliación social en sociedades de postconflicto y escenarios posteriores a violaciones masivas de derechos humanos, sólo puede ser lograda de manera sostenible mediante medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Estas medidas funcionan mejor cuando son diseñadas e implementadas una en relación a la otra. En lugar de ser alternativas entre las cuales los Estados puedan seleccionar y escoger, dichas medidas forman parte de un todo”, afirmó el experto, al explicar que ningún gobierno o tribunal debería omitir uno de estos elementos con el ánimo de alcanzar rápidamente la reconciliación.

Según el relator, uno de los mayores desafíos de los países en situaciones de postconflicto es salvaguardar estos cuatro elementos y de este modo evitar que persista la impunidad. Ello implica diseñar estrategias para enfrentarse a la judicialización de miles de responsables, la priorización de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos, la eficaz distribución de recursos financieros y especialmente la protección de investigadores, fiscales y otros funcionarios judiciales.

El relator mostró preocupación por la tendencia de ciertos países a aplicar leyes de amnistía e inmunidad que blindan a los victimarios de su responsabilidad legal y ocultan la verdad de las violaciones perpetradas. En este sentido afirmó que “dichas amnistías, aunque sigan el objetivo loable de acabar la violencia de forma inminente, conllevan a crear una cultura de impunidad en la sociedad y, a largo plazo, pueden engendrar nuevos ciclos de violencia”.  

Por otro lado, de Greiff recalcó que la participación de las víctimas en el diseño de la justicia transicional significa su reconocimiento como titulares de derechos, contribuye a fortalecer su confianza en las instituciones y muestra que la justicia las toma en serio.

Varios países latinoamericanos reaccionaron frente a las posturas del Relato. Argentina mencionó que para los casos de la dictadura “ha incorporado la participación de las víctimas a través del Programa de Verdad y Justicia”; Ecuador manifestó que “el diseño y aplicación de estos mecanismos debe reconocer a la víctima como eje central de toda investigación penal”; México destacó “la importancia de la rendición de cuentas en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos”, y Paraguay, por su parte, anunció un proyecto de ley para implementar el Estatuto de Roma en ese país.

En contraste, fue muy llamativo el silencio de las delegaciones de El Salvador y Colombia que no son ajenas a este tema. La primera, por el proceso de justicia transicional que cumple 20 años tras el final de la guerra civil y del cual, todavía persisten incógnitas respecto a la verdad de los hechos ocurridos. La segunda, en virtud de los diálogos que el gobierno colombiano está adelantando con la guerrilla de las FARC, en La Habana, y que llevarían al país a una situación de postconflicto. 

En el debate, iniciado en la tarde del miércoles y que culminó hoy, el relator también informó sobre las actividades desarrolladas en el último año de su mandato. Resaltan sus misiones a España y Uruguay, así como la reunión sostenida con múltiples organizaciones no gubernamentales. Además, el relator confirmó una visita a Costa de Marfil y el intercambio que se ha suscitado con Guatemala para visitar el país antes que finalice el 2014. El único país latinoamericano que aún no respondido a las solicitudes de visita del Relator ha sido Brasil.

Pablo de Greiff fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en mayo de 2012, como el primer Relator Especial sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, para un periodo de tres años, susceptible de ampliación. Este es el segundo informe anual que presenta; hasta el momento ha realizado visitas oficiales a Túnez (2012), Uruguay (2013) y España (2014).