Ginebra, 30 Septiembre. – Mediante una carta, un total de 12 expertos y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron ayer al gobierno y a los congresistas colombianos reconsiderar la ampliación del fuero penal militar. Esto en atención al Proyecto de Ley No.85 del 2013 que se tramita en el Congreso de ese país, que busca reestructurar y ampliar el alcance de la jurisdicción penal militar y policial.
“La Ley podría debilitar seriamente la independencia e imparcialidad del poder judicial”, afirmaron los expertos al señalar que, de aprobarse, se transferiría a la jurisdicción militar crímenes propios de la justicia ordinaria. Tal cambio, “representaría un grave retroceso en la lucha del Estado colombiano contra la impunidad en casos de violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos,” afirma el comunicado.
Los relatores advierten que los tribunales militares decidirían sobre delitos como “homicidios, infracciones al DIH, delitos contra protección de información y datos, delitos contra seguridad pública y contra la población civil,”. El problema reside en que en Colombia los tribunales militares pertenecen al poder ejecutivo, lo que supondría “una infracción al derecho a un juicio justo ante un tribunal competente e imparcial”, explican.
Para los expertos, es de especial preocupación que la justicia militar “se aplicaría también a civiles que trabajen en el sistema penal militar.” El grupo explicó que “en ningún caso un tribunal militar debe ejercer jurisdicción sobre civiles acusados de cometer delitos penales”. El proyecto contempla además la creación de la “Fiscalía General Penal Militar y Policial” que según los relatores, decidiría si el delito cometido es penal y bajo qué jurisdicción se debería juzgar.
La misiva explica que “aunque en Colombia la ejecución extrajudicial esté prohibida por ciertas disposiciones penales, no constituye una violación de derechos humanos tipificada en la legislación”, lo cual implicaría que los llamados “falsos positivos” quedarían bajo jurisdicción militar cuando el perpetrador sea un miembro de la Fuerza Pública. Igualmente, crímenes como violencia contra defensores de derechos humanos, manifestantes o periodistas cometidos por la fuerza pública pasarían a ser delitos militares.
Para el Comité de Derechos Humanos la base jurídica de dichas recomendaciones emana del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Colombia hace parte, el cual estipula la impartición de justicia por un tribunal competente e imparcial. A juicio del Comité, que es el órgano que controla el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el mencionado Pacto, dicho artículo “se refiere a un órgano, sin importar su denominación, independiente de los poderes ejecutivo y legislativo.”
No es la primera vez que instancias internacionales se pronuncian al respecto. En 2013, la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, aseguró que observaba “un conflicto de intereses en el hecho de que sean los militares quienes se investiguen y se juzguen a sí mismos.” Por su parte, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, expresó el pasado mes de Julio “su profunda preocupación” ante el proyecto, que a su criterio “prácticamente aseguraría la impunidad.”
Al final del texto, los expertos ofrecen su “asesoría para asistir al Estado colombiano en sus esfuerzos por fortalecer el marco legislativo.” En el grupo figuran el colombiano Pablo de Greiff, Relator especial de justicia transicional, el noruego Mads Andenas, Presidente del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, el argentino Ariel Dulitzky, Presidente del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y Christof Heyns, Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
