Por: Carmen Lucía Castaño
La presentación del informe de España ante el Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) tuvo lugar este martes en Ginebra. Durante dos jornadas consecutivas, los diez expertos independientes que conforman este órgano de las Naciones Unidas examinarán las medidas tomadas por el Estado español para aplicar las disposiciones de la Convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Instalación
El presidente del CAT, el experto chileno Claudio Grossman, dio la bienvenida a la delegación española, encabezada por la embajadora Ana María Menéndez, quien presentó el sexto informe nacional ante el Comité, luego de que su país ratificara la Convención en 1987. La diplomática manifestó que la preparación del informe es un autoexamen para el Estado y resaltó la reciente tipificación de la desaparición forzada en el marco jurídico español.
Preguntas de los expertos
Luego de la introducción de la delegación española, el presidente del CAT retomó la palabra, y preguntó si, en el marco de la lucha contra el terrorismo, hay algún detenido en España específicamente por el delito de tortura. A propósito de Ceuta y Melilla resaltó que el CAT ha recibido quejas por parte de organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional, según las cuales a sus miembros se les ha impedido el acceso a los inmigrantes en situación ilegal, razón por la cual no se ha podido verificar su estado y condiciones de vida.
Sobre este tema indagó a continuación el experto senegalés Abdoulaye Gaye, quien se mostró preocupado por el uso excesivo de la fuerza contra los inmigrantes en los enclaves españoles en territorio africano y por la violencia sexual contra las mujeres que allí se encuentran. En la imagen, el presidente del CAT, Claudio Grossman.
Por su parte, el experto italiano Alessio Bruni preguntó, a propósito del hacinamiento carcelario, por las medidas alternativas a la detención tomadas o previstas por el Estado español con el fin de liberar espacio en las prisiones. La marroquí Essadia Belmir, vicepresidenta del CAT, señaló que la tortura, en el ordenamiento jurídico español, no ocupaba el lugar que le corresponde a la luz de la Convención: “o bien constituye una infracción o constituye un delito”, precisó.
El relator del CAT encargado de dar seguimiento a la situación en España, Satyabhoosun Gupt Domah, pidió a la delegación explicar de qué manera se restringe el encarcelamiento excepcional bajo el régimen de incomunicación. En el mismo sentido se manifestó preocupado George Tugushi, quien lo sucedió en el uso de la palabra. En la imagen, el experto chino Kening Zhang
El experto danés Jens Modvig, en la imagen, preguntó por los mecanismos de identificación de víctimas de tortura entre los inmigrantes demandantes de asilo. Finalmente, la norteamericana Felice Gaer indagó por las experiencias conocidas por los miembros de la delegación sobre la defensa prestada por los abogados de oficio a las víctimas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes.
A continuación retomó la palabra el presidente Claudio Grossman para hacer unas últimas observaciones. “La tortura está prohibida contra los inocentes y los culpables”, recalcó a propósito de la reiterada absolución de cuatro agentes estatales españoles acusados de tortura.
Fin de la primera jornada
Grossman agradeció el informe de España y la participación de los demás expertos del Comité. Así mismo se mostró entusiasmado por entablar un diálogo con la delegación a partir de las 3:00 pm del día miércoles cuando tendrá lugar la segunda jornada del examen de España frente al CAT. Durante la sesión, los delegados españoles responderán a las preguntas formuladas hoy por los expertos.
Instalación de la segunda jornada
A las 3:00 pm de este 29 de abril, dio inicio la segunda jornada del examen de España ante el Comité contra la Tortura (CAT). El presidente del Comité dio la bienvenida a la delegación española y cedió inmediatamente la palabra a la embajadora Ana María Menéndez, jefa de la delegación.
Primera ronda de respuestas de España
Ignacio Acón, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, intervino para hacer precisiones sobre la tipificación de la tortura y de la desaparición forzada en el marco jurídico español. A continuación hizo su intervención Rafael León Cavero, también funcionario de la Cancillería, quien precisó que los nacionales españoles no pueden ser extraditados si se encuentran en riesgo de ser víctimas de tortura.
Por su parte, Cristina Martínez Arrieta, asesora de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, aseguró que los menores de edad solamente pueden ser puestos en régimen de incomunicación por el delito de terrorismo. En la imagen, Jesús Rueda Jiménez, vocal asesor del Ministerio del Interior, quien aseguró que las autoridades hacen un esfuerzo por dotar a la totalidad de las instituciones penitenciarias de un sistema de video para vigilancia. Además afirmó que Ceuta y Melilla sufren “una presión migratoria sin precedentes” que muchas veces toma la forma de “ataques violentos” y que, aun así, el uso de la fuerza para contener la situación es “totalmente excepcional”.
Andrés Palomo, magistrado del Tribunal Supremo, señaló que el poder judicial español anuló la validez jurídica de todo testimonio del que se sospeche haber sido obtenido bajo la práctica de la tortura. Isabel Guajardo, fiscal del Tribunal Constitucional, señaló que los datos estadísticos sobre el delito de tortura están publicados en la página de su institución y ofreció hacerle llegar al Comité el último reporte disponible. En la imagen, Andrés Palomo.
Francisco Coria Rico, jefe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, señaló que las mujeres migrantes víctimas de violencia de género no pueden ser objeto de un proceso judicial por su estatus migratorio. A continuación, Cristina Sosa, subdirectora general de asilo del Ministerio del Interior, respondió que una red de profesionales de la salud hace una evaluación de los solicitantes de asilo y que, en el caso de encontrar que alguno de ellos ha sido víctima de tortura, se le otorga un tratamiento especializado. Sosa, en la imagen, admitió que España no cuenta con datos precisos sobre migrantes solicitantes de asilo que hayan sido víctimas de tortura.
Contrapreguntas del Comité
Claudio Grossman, presidente del CAT, retomó la palabra y precisó algunas de las preguntas que ya había formulado a la delegación. Con respecto a la desaparición forzada, por ejemplo, indagó si ya era considerada, por el sistema jurídico español, como un “delito continuado”, es decir como una violación permanente y repetida de los derechos humanos. Lo sucedió en la palabra el relator del CAT para España, Abdoulaye Gaye, quien reiteró que, a pesar de haberlas solicitado con insistencia, no ha recibido estadísticas sobre las condenas producidas por el delito de tortura. En la imagen, Claudio Grossman.
Alessio Bruni puso de manifiesto que aunque la ley afirma que el régimen de confinamiento solitario como forma de castigo por faltas disciplinarias en los centros penitenciarios no puede exceder los 14 días, conoce casos de detenidos a los que les ha sido aplicado por más del doble de tiempo. Por su parte, Jens Modvig preguntó si España practica las llamadas “expulsiones en caliente” de migrantes solicitantes de asilo. Essadia Belmir, invitó al Estado a revisar las armas no letales empleadas por la fuerza pública, ya que algunas de ellas han sido reportadas como causantes de graves heridas. Finalmente intervino el experto mauriciano Satyabhoosun Gupt Domah.
Segunda ronda de respuestas
La última ronda de respuestas de España empezó con la intervención Julio Arnaldo García. A continuación tomaron la palabra Adela Díaz (en la imagen), Rafael León Cavero, Ignacio Acón Ortego, Andrés Palomo, Cristina Sosa, Jesús Rueda e Isabel Guajardo.
Consideraciones finales
La delegación española y el presidente del CAT se agradecieron mutuamente la participación en el diálogo interactivo y manifestaron su confianza en que tanto las preguntas formuladas por los expertos como las recomendaciones que hará el Comité, contribuirán a una aplicación más efectiva de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y Otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Fin de la sesión
A las 6:00 pm, el presidente del Comité levantó la sesión y despidió a la delegación de España.
Las recomendaciones que el Comité contra la Tortura formulará a España serán publicadas el próximo 15 de mayo, cuando tendrá lugar el cierre de esta sesión durante la cual serán también evaluados Colombia, Congo, Luxemburgo, Macedonia, Nueva Zelanda, Rumania y Serbia.
