Por: Eva Díaz Piola

 

Ginebra, 30 de abril.– El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) finalizó esta mañana el examen de Guatemala en esta materia, tras escuchar las respuestas de la delegación guatemalteca a las cuestiones planteadas por los expertos independientes en el día de ayer.

El presidente de la delegación, Antonio Arenales Forno, se mostró preocupado al inicio de su intervención por el comentario del relator especial, Dilip Lahiri, quien cuestionó la objetividad del informe presentado por el Estado en 2013.

Por otro lado, Arenales insistió en que durante el conflicto armado que vivió Guatemala durante 36 años “no hubo una política de genocidio, lo cual no supone una negación a los hechos y las responsabilidades” por las masacres y crímenes que se cometieron contra los pueblos indígenas.

El representante guatemalteco también se refirió a la anulación de la sentencia condenatoria del ex dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado a ochenta años de prisión en 2013 por el genocidio cometido contra el pueblo ixil. Arenales explicó que la sentencia fue anulada diez días después por “vicios en el procedimientos judicial” y que queda pendiente de un nuevo juicio. Y añadió: “Es inaceptable que se ponga en duda la independencia de la Corte de Constitucionalidad y se insinúe la intervención del Ejecutivo”.

En relación a las consultas previas a los pueblos indígenas sobre concesiones de explotación de tierras por parte de empresas, Arenales explicó que los recursos naturales y subsuelos son susceptibles de dominio público y que pertenecen a la soberanía del Estado y que, por lo tanto, “las consultas no tienen carácter vinculante”.

Sin embargo, el Comité recomendó que “se resuelva de manera urgente el problema de las consultas”, en relación a proyectos extractivos y de explotación de recursos en tierras habitadas por comunidades indígenas, tal y como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por otro lado, la delegación guatemalteca admitió la escasa representación y participación pública por parte de pueblos indígenas y afro-descendientes. “Sabemos que Guatemala es un país discriminador y racista. La participación política de los pueblos indígenas es fundamental, sobre todo en este año de elecciones”, expresó la Comisionada Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), María Trinidad Gutiérrez.

En ese sentido, Arenales explicó que el gobierno ha presentado una reforma constitucional que pretende un cambio de distrito uninominal, lo cual resultaría “en una adecuada y legítima representación de la población indígena” y un mejor sistema de financiamiento público para facilitar la participación.

Varios miembros del Comité destacaron también la lentitud para aprobar leyes. El experto estadounidense Carlos Manuel Vázquez señaló que “los proyectos de ley parece que van al Congreso para morirse, sobre todo las relativas a los pueblos indígenas” e instó a Guatemala a adoptar medidas que ayuden a superar “el círculo vicioso que genera la incertidumbre legislativa”.

En referencia a las preguntas del Comité sobre la persecución de líderes de pueblos indígenas y defensores de derechos humanos, Arenales expresó que “Guatemala no criminaliza ninguna actividad” y explicó que nunca se ha detenido a un defensor de derechos humanos sin una orden judicial de captura. Además, la delegación expuso que se ha elaborado un protocolo para establecer respuestas rápidas de seguridad y que cinco activistas cuentan con medidas de seguridad personal.

El experto rumano Ion Diacomou lamentó el limitado progreso de Guatemala respecto a las anteriores recomendaciones elaboradas por el CERD en 2010 y avanzó que el Comité repetiría algunas de las recomendaciones pasadas.

El 15 de mayo, último día de esta 86 sesión del CERD, se harán públicas las observaciones y las recomendaciones que el Comité formulará a Guatemala y a los demás países bajo revisión: Francia, Bosnia-Herzegovina, Sudan, Alemania y Dinamarca.