Por: Mélanie Belfiore

 

Ginebra, 5 de agosto.- Por el “abandono” de la comunidad wayuu que amenaza con producir un “genocidio”, expertos del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) cuestionaron hoy a la delegación colombiana, presente en Ginebra para el examen de la situación del país en la materia.

La mayor parte de los expertos que tomaron la palabra durante el examen comentaron la crisis humanitaria sufrida por el pueblo wayuu, una comunidad indígena asentada en la región de la Guajira, departamento ubicado en el norte de Colombia.

Diversas organizaciones de la sociedad civil ya habían alertado a las Naciones Unidas sobre la situación de vulneración de los derechos humanos en la que se encuentran los wayuus.

Por ejemplo, el Consejo Indio de Suramérica (CISA) puso en conocimiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que, a partir de la atribución de concesiones a empresas mineras, los wayuus han sido expulsados de parte de su territorio y su acceso al agua ha sido fuertemente reducido a causa de la desviación del río Ranchería, que solía abastecerlos.

Otras ONG, como Maloca Internacional, comunicaron en su informe al CERD la muerte de miles de niños wayuus por culpa de la sequía, la escasez del agua y su contaminación. La organización Fuerza de Mujeres Wayuu reportó, a su vez, la violación de los derechos humanos de este pueblo por parte de los actores del conflicto armado en Colombia.

La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ) definió esta situación como un “holocausto”, término que fue matizado durante el examen por el experto brasilero del CERD, Jose Lindgren Alves, quien, si bien reconoció la gravedad de la situación, rehusó calificarla de esa manera.

Por su parte, el relator del CERD para Colombia, el estadounidense Carlos Manuel Vazquez, retomó el término de “genocidio” para destacar la urgencia de la situación y exhortó a la delegación a “solucionar este problema potencialmente catastrófico”. Asimismo subrayó los problemas de contaminación del agua del río Ranchería y pidió construir infraestructura para restablecer el suministro hídrico para el pueblo wayuu.

En nombre de la delegación colombiana, el director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, negó que la situación se tratase de un genocidio y resaltó que el Gobierno nacional emprendió un “Plan Salvaguarda” que ofrece asistencia técnica y financiera para la comunidad indígena.

Este “Plan Salvaguarda”, explicó Mora, tendría como objetivo garantizar “el goce efectivo” de los derechos territoriales y la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado y del desplazamiento. La delegación colombiana subrayó también las acciones emprendidas por el Estado para mejorar las condiciones de seguridad de la población que vive en estos territorios.

El experto libanés Melhem Khalaf pidió la palabra al final del encuentro para reiterar una cuestión que había planteado y que no fue respondida por la delegación: “¿El gobierno colombiano hará prevalecer la riqueza cultural sobre los intereses económicos?”, preguntó a propósito de la persistencia de los proyectos de explotación que amenazan la vida de las comunidades indígenas y de sus territorios.

Finalmente, el relator para Colombia cerró la discusión formulando propuestas concretas para proteger al pueblo wayuu como, por ejemplo, la cancelación de la licencia que permite la desviación del río Ranchería.

También insistió en la necesidad de reglamentar, lo antes posible, la titulación de las tierras en las que se encuentran y de incluir sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en las discusiones de la mesa de negociaciones de La Habana, Cuba, en donde actualmente sostienen diálogos de paz el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El próximo 28 de agosto, el CERD, presidido por el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, hará públicas sus observaciones finales al Estado. Colombia tendrá que tomar medidas para aplicar las recomendaciones del Comité y presentar, en un próximo informe, sus avances en la lucha contra todas las formas de discriminación por motivos de origen racial, nacional o étnico.