Por: Carmen Lucía Castaño
Ginebra, 21 de junio.- Eduardo Toledo, representante legal de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) en Ecuador, acudió a Ginebra para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la estrategia con la que la petrolera norteamericana Chevron ha pretendido deslegitimar a los defensores de sus víctimas en el país sudamericano.
En el marco de la vigesimonovena sesión del Consejo y con el apoyo del Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM), la delegación de la UDAPT, de la que hace parte Toledo, llevó a cabo además un encuentro público denominado “Chevron vs el pueblo de Ecuador” en el que expuso la manera en que la multinacional ha evadido el cumplimiento de la sentencia que en 2013 dictó en su contra la Corte Nacional de Justicia de Ecuador.
Esta sentencia condenó a Chevron a indemnizar con 9.5 billones de dólares a los afectados por los daños ambientales causados durante los 26 años en los que operó en territorio ecuatoriano.
Panorama habló con el jurista de su visita a Ginebra, del debate sobre empresas multinacionales y derechos humanos y del proceso del pueblo ecuatoriano contra la Chevron ante la Corte Penal Internacional.
¿Cuál es la denuncia que vienen a presentar ante el Consejo de Derechos Humanos?
Queremos denunciar los ataques a la libertad de expresión y asociación que hemos sufrido en los últimos cuatro años. Durante este tiempo se ha hecho evidente que la decisión estratégica de Chevron ha sido atacar a la organización y tratar no solo de defenestrar a cada uno de los actores que protegen los derechos humanos en Ecuador, sino también de vaciarnos y ahogarnos económicamente.
Estos ataques han ocurrido en el marco muy puntual del proceso RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act): una ley muy particular del sistema americano que busca frenar las actividades de organizaciones corruptas, entre las que caben desde organizaciones mafiosas hasta terroristas. Bien, a la luz de ese proceso, nosotros estamos catalogados, sin pruebas, como una asociación dedicada a extorsionar a Chevron en una operación de fraude e influencia a los jueces ecuatorianos que dictaron la sentencia contra la empresa en varias instancias.
Además, todo el proceso judicial en nuestra contra ha sido explotado en el ámbito mediático con los recursos ilimitados con los que cuenta la compañía: una victoria de ellos era una tapa de diario; una victoria de nosotros era un cuadrito de 4×4, ni siquiera en la portada.
Entonces entendimos que tenemos que abordar la libertad de expresión desde otra perspectiva: a este derecho no solo se le ataca a través de leyes que controlen a los periodistas, sino también vaciando económicamente a quienes quieren ejercerlo.
Por ello, junto con CETIM, encontramos un nuevo camino para demostrar y denunciar cuál es la realidad que sufrimos y que sufre la mayoría de los defensores de derechos humanos que trabajaron en este caso. En eso consiste la denuncia que presentamos el pasado miércoles 17 de junio ante el Consejo.
Chevron se ha negado a acatar la sentencia de la Corte Suprema ecuatoriana que la condena a indemnizar a las víctimas. ¿En qué estado está ese proceso?
La sentencia de 2013 demostró técnica y científicamente nuestra denuncia: que la contaminación que causó la empresa fue generalizada y sistemática. Ahora, como Chevron no tiene activos en Ecuador, para nosotros fue imposible ejecutarla.
A partir de ahí, empezamos nuevos procesos en virtud de la Convención Interamericana de Ejecución de Sentencias. Iniciamos uno en Argentina que fue aprobado en primera y segunda instancia, pero fue rechazado por la Corte. Se inició otro en Canadá que está en curso en este momento, otro más en Brasil y seguimos buscando también más lugares donde se pueda ejecutar esta sentencia. Esa es la parte civil.
¿Cuál es la parte penal?
El 24 de octubre del año pasado interpusimos una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en la que tratamos de exponer los elementos de los crímenes de lesa humanidad que se están manteniendo en este momento en Ecuador.
Desde el 2002, cuando entró en vigencia el Estatuto de Roma, se ha mantenido una situación ambiental que ataca directamente a las poblaciones civiles que viven en el oriente ecuatoriano y que las ha forzado a desplazarse para buscar ríos que no estén contaminados, tierras en las que se pueda sembrar y lugares en donde sus animales puedan vivir también. En nuestro entender, estas situaciones contrarias a la vida son sistemáticas, generalizadas y han ocurrido con plena conciencia de parte de la dirección de Chevron.
Pero como en el Estatuto de Roma no existen los delitos ambientales ni se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, estamos, por un lado, utilizando los elementos de los delitos de lesa humanidad para entender las situaciones ambientales y, por otro lado, sosteniendo que los dirigentes de las empresas, como personas físicas, sí son penalmente responsables en el sentido en que son ellos quienes deciden lo que hacen las corporaciones.
Este es un largo proceso que se discutió ya en 1998 cuando hubo algunas propuestas que fueron rechazadas porque no existía un consenso internacional. Sin embargo, los escenarios han cambiado y es probable que la discusión se vuelva a presentar. Ese es uno de nuestros objetivos, fuera de nuestro caso, y no solo por nosotros, sino principalmente porque no es una excepción que una empresa haya contaminado: es una práctica que se realiza donde no hay controles, estados y organismos internacionales fuertes.
Además, hoy existe una gran cantidad de académicos y militantes que luchan por esto, pero necesitamos lograr que un organismo internacional interprete los principios clásicos de la teoría del delito en virtud de elementos ambientales.
¿Y cómo va ese proceso ante la CPI?
El proceso está siguiendo su curso natural. Tenemos algunas comunicaciones con la Fiscalía y también hemos recibido interpretaciones no ciertas sobre comunicaciones que se han mantenido con la empresa. Lamentablemente, como le decía sobre la libertad de expresión, uno puede explotar lo que quiera, como quiera, de acuerdo con los medios con los que cuenta.
Se ha circulado una comunicación que han recibido algunos abogados de la empresa que no es la comunicación que la Fiscalía ha tenido efectivamente con nosotros y eso puede ser malinterpretado. Tenemos contacto con la Fiscalía y estamos esperando las respuestas de la justicia internacional, que normalmente toman tiempo. Así que esperamos seguir trabajando fuertemente porque viene la feria judicial de la CPI en julio y seguramente tendremos novedades sobre finales del año 2016.
Volviendo a las Naciones Unidas, ¿cómo participan ustedes en el debate actual sobre empresas transnacionales y derechos humanos?
Estamos atendiendo este proceso de manera plural. Como organización estamos absolutamente a favor de todo esto. Lamentablemente, se plantea dentro de un proceso político en el cual tenemos la misma materia dividida en dos grupos de trabajo: por un lado, están quienes abogan por los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos que buscan un tratado que no sea vinculante sino optativo para las empresas y los Estados, y nosotros, del otro lado, con esta idea de que sin un tratado vinculante no vamos a lograr que las empresas se ajusten a derecho.
Puntualmente, participamos en dos grupos: la Campaña por el Tratado de los Pueblos y la Alianza por el Tratado. A través de ellos, una coalición de organizaciones no gubernamentales estamos presentando proyectos y trabajando fuertemente para convencer a la sociedad civil, la opinión pública y los Estados, sobre todo a los de nuestra región, que necesitamos un instrumento vinculante para las empresas.
Nuestra experiencia nos indica que la voz de los pueblos que nosotros representamos tiene que ser escuchada. No es una cuestión que se va a discutir a nivel internacional con organizaciones. No: necesitamos que este tipo de coaliciones traigan la voz de los pueblos que han sido oprimidos por transnacionales o por corporaciones en general.
¿Cómo están los apoyos a nivel regional en América Latina?
Tenemos la suerte de contar con el compromiso del gobierno ecuatoriano que está trabajando fuertemente a nivel diplomático junto con Sudáfrica, el otro Estado con el que inició el proceso. También hemos tenido algunas abstenciones en la región, como Argentina y Brasil.
Estamos tratando de lograr un consenso regional en el cual no solo podamos convencer a las misiones en Ginebra, sino que logremos que en las capitales haya un convencimiento de que esto es absolutamente necesario.
Tenemos que lograr correr a los Estados de las presiones a las cuales se ven sometidos por quienes no están interesados en un tratado vinculante. Necesitamos convencerlos de que los que estamos del lado de los oprimidos somos más y que necesariamente con este tipo de herramientas jurídicas uno puede lograr un bienestar más general y mucho más duradero en nuestra región.
¿Para cuándo esperan resultados?
Esa es una pregunta difícil. En procesos anteriores, en los que ha habido un consenso mucho mayor, para lograr instrumentos se han tardado cinco, seis, siete, ocho años. En este caso, es imposible decir.
Lo importante ahora es pensar en la Primera Reunión de los Estados sobre obligaciones de Derechos Humanos de las Empresas Transnacionales, que tendrá lugar en Ginebra del 6 al 10 de julio. Tratar que la mayor cantidad de Estados se presenten a discutir para lograr un mayor consenso en el futuro.
Tenemos que conseguir que haya una presidencia no solo comprometida con el tema, sino que tenga también el fundamento jurídico y diplomático para liderar este proceso. A partir de ahí, hay que empezar a sumar actores de distintas regiones que poco a poco irán comprendiendo que es mejor contar con elementos vinculantes que tener simplemente la letra muerta de una ley.
