La ONU denuncia “condiciones deplorables” en los centros de detención para migrantes en Guatemala

“El Comité de la ONU contra la Tortura se muestra preocupado ante la situación de inseguridad a la que se enfrentan los migrantes en tránsito, en particular los integrantes de la llamada ‘caravana de migrantes’ procedentes de Centroamérica y las condiciones deplorables de los centros donde están detenidos migrantes y personas retornadas”, según consignó este grupo de expertos en sus recomendaciones a Guatemala, Estado al que examinó los pasados 16 y 19 de noviembre.

De igual forma, el Comité pidió a las autoridades garantizar que “ninguna persona pueda ser expulsada, devuelta o extraditada a otro Estado cuando existan razones fundadas para creer que correría el riesgo personal y previsible de ser sometida a tortura”, es decir, cumplir con el principio de no devolución, que, de acuerdo con los expertos, no se reconoce explícitamente durante el procedimiento de asilo en el Código de Migración. Este instrumento jurídico, que entró en vigor en 2016, prevé además “la expulsión de las personas que no hayan cumplido los requisitos administrativos de ingreso, incluso aquellas con necesidad de protección internacional”.

En este sentido, los expertos señalaron su inquietud por las posibles expulsiones colectivas y la devolución de menores no acompañados, que serían violatorias tanto del principio de no devolución como del interés superior del niño, y llamó al Estado a que este último “sea una consideración primordial en todas las decisiones relacionadas con los niños, niñas y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo”.

Condiciones de reclusión

Otro asunto de preocupación para este grupo de expertos de la ONU son las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios del país, en donde el hacinamiento es de 269 % según la delegación que representó a Guatemala en su examen ante el Comité.

Por esta razón urgió al Estado a implementar las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Mandela, lo cual implica no solo reducir el hacinamiento, sino también asegurar que condenados y procesados estén separados y que todas las personas privadas de la libertad vivan en condiciones de higiene, tengan acceso a servicios sanitarios, a tratamientos médicos y a programas de rehabilitación y reinserción social.

Impunidad y corrupción

De otra parte, el Comité pidió al Estado reconsiderar su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Para los expertos, esto puede significar un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad que ocurren en un contexto de “numerosas alegaciones de actos de corrupción en el sistema judicial, penitenciario y en la policía del Estado parte”.

El Comité de la ONU contra la Tortura es un grupo de diez expertos independientes encargados de velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por Guatemala en 1990. Como Estado parte de la Convención, deberá presentar un nuevo informe para ser examinado por el Comité en diciembre de 2022.