La ONU denuncia un recrudecimiento de las detenciones arbitrarias en Nicaragua

por | 14-12-2021

La oficina de derechos humanos de la ONU informó que al menos 49 personas habrían sido arbitrariamente privadas de la libertad entre mayo y noviembre de 2021.

Nada Al-Nashif, alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, informó este martes en Ginebra que entre mayo y octubre se registraron 39 detenciones arbitrarias en Nicaragua y que otras diez se produjeron en noviembre, en el contexto de unas elecciones muy cuestionadas en las que Daniel Ortega fue reelegido como presidente.

En su alocución ante el Consejo de Derechos Humanos, la funcionaria denunció que entre las víctimas de estas detenciones hay líderes políticos, defensores, empresarios, periodistas, así como líderes campesinos y estudiantiles, y recordó que siete de ellos eran precandidatos a la presidencia o habían manifestado públicamente su intención de serlo.

“Treinta y cinco de estas personas continúan detenidas en el centro de prisión preventiva conocido como Nuevo Chipote. Según la información recibida, muchos han sido detenidos en régimen de incomunicación durante más de 90 días, algunos en régimen de aislamiento prolongado, y solo han podido ver a sus familiares en ocasiones aisladas”, dijo Al-Nashif, quien recordó que estas condiciones de reclusión pueden incluso llegar a considerarse como tortura.

Según la alta comisionada adjunta, de las diez personas arbitrariamente detenidas en noviembre solo dos hombres y una mujer han sido liberados, mientras que quienes siguen detenidos lo están en régimen de incomunicación y se enfrentan a cargos penales ambiguos.

“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad de inmediato y sus derechos civiles y políticos deben ser restablecidos plenamente. También debe restablecerse la personalidad jurídica de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, despojada arbitrariamente”, afirmó antes de agregar que también debe ponerse fin al acoso judicial y hostigamiento de opositores, defensores y periodistas por sus opiniones y creencias.

Una oportunidad perdida

Para Al-Nashif, segunda en la jerarquía de la oficina de derechos humanos de la ONU (ACNUDH), las elecciones del 7 de noviembre eran una oportunidad para que Nicaragua avanzara hacia una solución pacífica de la crisis política y social en la que está sumido el país desde abril de 2018, y para que las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas desde entonces pudieran recibir justicia y reparación.

“Sin embargo, el preocupante deterioro de los derechos civiles y políticos durante el proceso electoral derivó en la exclusión arbitraria de muchos nicaragüenses de participar en las elecciones, especialmente de aquellos que tenían opiniones diferentes a las del partido en el poder”, aseguró.

“Para que unas elecciones cumplan debidamente su objetivo público, es esencial que las autoridades garanticen un entorno seguro y propicio para que los candidatos expongan, expliquen y promuevan sus visiones y propuestas políticas para el país, y para que los votantes, a su vez, expresen libremente su voluntad sin limitaciones arbitrarias”, enfatizó la funcionaria, quien lamentó que, en lugar de lo anterior, lo que pudieron constatar fue un recrudecimiento de las detenciones arbitrarias.

De igual manera, deploró que las elecciones no hayan contado con observación internacional, que se haya restringido el acceso a la prensa y retirado la personería jurídica a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

La funcionaria concluyó pidiendo al Gobierno comprometerse con el sistema de derechos humanos de la ONU, que “restablezca urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de derecho imparcial, y que adapte plenamente su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos”.

Nicaragua rechazó el informe de la ONU

Wendy Carolina Morales, fiscal general de Nicaragua, dijo que el Gobierno no aceptaba el informe oral del ACNUDH “por considerar que la información vertida sobre el país no es más que una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad, representando estas una agresión unilateral en contra del pueblo y su Gobierno legítimamente constituido”.

Morales calificó el reporte oral de parcializado, carente de objetividad, sesgado e injerencista y aseguró que estos informes “recogen únicamente los lineamientos de los sectores y medios de la oposición, que difunden situaciones y hechos subjetivos, desvirtuados y falsos sobre la realidad de Nicaragua”.

Según ella, esto fue particularmente visible “en el contexto de las recién pasadas elecciones libres y transparentes, en las que el pueblo dio su voto de confianza, una vez más, por el actual Gobierno de reconciliación y unidad nacional”.

Finalmente, pidió al Consejo condenar las sanciones económicas que se han impuesto contra funcionarios nicaragüenses y reconocer el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Los llamados de la comunidad internacional

En nombre de un grupo de 54 países, Chile manifestó que las violaciones de derechos humanos en Nicaragua se han empeorado en los últimos meses y aseguró que el proceso electoral no fue justo, libre ni transparente.

De igual manera, denunció que en el desarrollo de las elecciones se saboteó la participación política, fueron violados los derechos a la libertad de expresión y a la reunión pacífica y se menoscabó la separación de poderes, por lo que carecen de legitimidad. Adicionalmente, pidió la liberación de los presos políticos y la cooperación del Gobierno con la ONU.

La Unión Europea también cuestionó la legitimidad de los resultados de las elecciones y pidió la libertad de las personas arbitrariamente detenidas. Igualmente, solicitó que mecanismos internacionales de derechos humanos, como el ACNUDH y la CIDH, puedan regresar al país.

Por su parte, Estados Unidos aseguró que el Gobierno de Ortega es “una dictadura dinástica parecida a la de Somoza, que los mismos sandinistas derrocaron hace años” y dijo estar comprometido con el restablecimiento de la democracia en Nicaragua.

De otro lado, Estados como Venezuela y Filipinas rechazaron el informe oral de la ACNUDH por considerarlo violatorio de la soberanía nicaragüense. Cuba incluso felicitó al presidente Ortega por su reelección.