ONU instó a Paraguay a erradicar la tortura y los malos tratos por parte de agentes oficiales

Luego de examinar a Paraguay, los expertos del Comité contra la Tortura evidenciaron que “entre 2013-2017 se registraron 144 muertes bajo custodia” en el Estado y lamentaron “la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de dichas muertes y sobre las indemnizaciones otorgadas a los familiares de las personas fallecidas”. Además, constataron que no se han tomado acciones de fondo para procesar y sancionar a los “responsables de actos de tortura y otros malos tratos” en los centros penitenciarios.

El Comité, órgano de la ONU encargado de velar por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, reiteró durante el examen que, aunque Paraguay ha avanzado en la implementación de este instrumento desde que lo ratificó en 1990, la desaparición forzada y la tortura, el hacinamiento en centros de detención y la impunidad siguen siendo temas muy alarmantes en el país.

Los diez expertos que conforman el Comité expresaron sus preocupaciones sobre “las dificultades para obtener justicia en los casos en los que se presume un uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes penitenciarios” y policiales. Manifestaron que existen muchas denuncias por actos de tortura y maltrato en las cuales los victimarios siguen en sus “funciones sin ser suspendidos de sus cargos, investigados y sancionados”.

Además, recomendaron a Paraguay garantizar que a todas las denuncias de actos de torturas se les dé el debido proceso, por lo que los victimarios deberán ser retirados de su cargo con el fin de dar transparencia a los casos.

El Comité también lamentó que “los datos proporcionados por el Estado parte se limiten a las investigaciones internas contra funcionarios” y que no hayan brindado toda la información existente sobre las “denuncias de tortura, las investigaciones, los procesamientos y las sanciones”, pese a haber sido requeridos por los expertos.

Asimismo, expresaron “no haber recibido datos complementarios sobre las investigaciones por los presuntos casos de tortura de Gumersindo Toledo o Marcial Martínez”, denunciados en el informe alternativo que presentó como insumo para el examen la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEHUPY.

En dicho reporte, la ONG denunció que funcionarios penitenciarios “causaron lesiones en el pecho y en estómago” a Rubén Marcial Martínez, mientras se encontraba encerrado en un calabozo cumpliendo una sanción disciplinaria. De igual manera, la CODEHUPY destacó que el proceso está paralizado desde hace dos años.

Según el Comité, conforme datos proporcionados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, “entre 2013-2016 la Unidad Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía recibió 873 causas contra agentes estatales, que lamentablemente no especifican el tipo de crimen, de las cuales 16 fueron objeto de procesamiento, 6 fueron elevadas a juicio oral y ninguna cuenta con una sentencia definitiva”.

Según los expertos de la ONU, aunque el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se creó en el 2013 con el fin de resguardar a las personas privadas de la libertad o recluidas que, por algún motivo, pudieran sufrir tortura, el MNP ha tenido muchas limitaciones debido a que su presupuesto se ha reducido “en un 25 % desde el inicio de sus funciones, impidiéndole realizar todas las visitas de inspección programadas”.

Por otra parte, el Comité instó a Paraguay a “reafirmar inequívocamente la prohibición absoluta de la tortura y advertir públicamente de que cualquier persona que cometa actos de tortura, o bien sea cómplice de torturas o las tolere, será considerada personalmente responsable ante la ley, será objeto de un proceso penal y recibirá las debidas sanciones”.

Finalmente, los expertos agregaron que todas las denuncias deben ser investigadas rápidamente y con imparcialidad por parte de la Fiscalía, con el fin de evitar relación institucional o jerárquica en los juzgamientos.