La ONU pidió visitar Guatemala para evaluar si cumple verdad, justicia, reparación y no repetición
El experto de la ONU Pablo de Greiff manifestó al Consejo de Derechos Humanos que prepara una visita a Guatemala y resaltó el rol de las víctimas en los procesos de justicia transicional.
El colombiano Pablo de Greiff, relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no de repetición, quiere visitar Guatemala para verificar si allí se respetan los estándares internacionales que establecen los derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Así lo anunció el experto independiente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un discurso pronunciado hoy martes en Ginebra.
Los asuntos de la llamada justicia transicional no solo afectan a países que han salido de dictaduras, como varios Estados latinoamericanos, sino también a situaciones más complejas y recientes, por ejemplo, en Irlanda del Norte, que vivió la represión de la violencia de origen católico desatada por el Ejército Republicano Irlandés (IRA). El relator De Greiff acudió en visita al Reino Unido en noviembre de 2015 y formuló una serie de recomendaciones, acogidas constructivamente por el Estado.
La propuesta de carácter universal de dar prioridad a los testimonios de las víctimas para buscar la paz y la democracia cuando se abandonan gobiernos autoritarios y conflictos armados, durante los cuales se han perpetrado crímenes de lesa humanidad, se apoya en la “legitimidad” y las “contribuciones específicas” que pueden emanar de las “víctimas en materia de información o conocimientos” de lo sucedido, según el relator De Greiff.
La participación de las víctimas amplía “la gama de alternativas plausibles a medida que se pongan sobre la mesa más ideas para una reparación efectiva”, le da “un rostro humano” a los procedimientos de pacificación y reconciliación, y significa “un importante recordatorio” susceptible de nutrir los debates, lo cual “motiva a las partes interesadas para alcanzar un acuerdo que de otro modo podría resultar difícil”, sostiene el relator.
Las comisiones de la verdad suelen ser un mecanismo eficiente. Sin embargo, “dependen de la participación de las víctimas, principalmente en los ejercicios de toma de declaraciones”, apunta De Greiff, quien recuerda lo acontecido en Argentina con la Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas (CONADEP), que recabó “7000 declaraciones, 1500 de supervivientes”; las ideas de reparaciones concebidas por las víctimas en Perú, o las consultas con las mismas en el marco del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La participación de las víctimas en la justicia penal ha cobrado un gran impulso con la instauración de la Corte Penal Internacional (CPI), sin olvidar el antecedente de los tribunales ordinarios en países latinoamericanos, en los que las víctimas podían presentar habeas corpus o cuestionar “la decisión del fiscal de no investigar o no presentar un escrito de acusación”, agrega De Greiff, y cita al respecto lo observado en Chile, que facilitó el posterior enjuiciamiento de represores.
El experto de la ONU insistió en que las víctimas han venido colaborando en “la elaboración de las estrategias de enjuiciamiento”, contribuyendo con sus declaraciones y aporte de pruebas a que los fiscales determinen “los cargos imputables” para “impulsar las causas e investigar”, evitando así “tener que modificar la estrategia o los escritos de acusación en una etapa ulterior” y hasta “servir para reflejar el carácter pluridimensional de los delitos internacionales”.
Las reparaciones “tienen por objeto indemnizar a las víctimas de manera tangible y directa”, se trate de indemnizaciones materiales o simbólicas, tanto para personas como para grupos, resume De Greiff, pero deplora que “la mayoría de los gobiernos” eluden efectuarlas, por los supuestos costos o por ausencia de motivación. Para concretarlas, explica el experto, son necesarias “fuertes coaliciones políticas”.
El relator concluye que las “garantías de no repetición tienen una función preventiva”, y da cuenta de la importancia de la intervención de las víctimas “en los procesos de reforma del sector de seguridad” y en la creación de organismos del Estado para “combatir las violaciones de los derechos de las minorías, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables”.
