Las imprecisiones de las quejas de Colombia al reporte de Michelle Bachelet

El Gobierno colombiano se despachó la semana pasada contra el informe anual de la Oficina en el país de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH). El presidente llegó incluso a afirmar que se trataba de una “intromisión en la soberanía nacional” y uno de sus altos funcionarios dijo que el reporte era una “chambonada”.

En Ginebra, donde Michelle Bachelet presentó oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de su Oficina, la reacción tampoco fue menor.

La vicecanciller, Adriana Mejía, lamentó en nombre del Gobierno que el ACNUDH “haya dejado pasar la oportunidad de producir un análisis más completo, balanceado, integral y actualizado, que refleje de manera objetiva la compleja realidad colombiana”.

En su intervención, la funcionaria también dijo deplorar que la Oficina “haya pasado por alto su deber de realizar propuestas concretas y viables, dirigidas a la obtención de resultados que conduzcan al establecimiento de las capacidades del Estado para proteger y garantizar los derechos humanos”.

Estas fueron solo las primeras afirmaciones de un discurso en el que continuó haciendo señalamientos sobre el contenido del informe del ACNUDH, algunas de las cuales son, por lo menos, imprecisas.

Las recomendaciones de la Oficina

Por ejemplo, las 13 recomendaciones que contiene el reporte no solo son concretas y viables, como lo reclamó la vicecanciller, sino que además se refieren al cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el Estado colombiano y sus instituciones, o que, en cualquier caso, van en el sentido de fortalecer sus funciones.

¿Hay algo de inadecuado en que la oficina de derechos humanos de la ONU llame a las autoridades colombianas a fortalecer la presencia civil del Estado en las áreas rurales o que aliente a la Fiscalía General de la Nación a ampliar sus investigaciones sobre las agresiones contra defensores de derechos humanos?

Otras acciones recomendadas en el informe, como investigar el uso excesivo de la fuerza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), o incluso transformarlo para que cumpla con los estándares internacionales, o reducir la impunidad, también apuntan en la dirección señalada por la diplomática colombiana: “Al establecimiento de las capacidades del Estado para proteger y garantizar los derechos humanos”.

Más aún: al emplear fórmulas como “seguir avanzando”, “acelerar la implementación” o “incrementar los esfuerzos”, la Oficina de Bachelet en Colombia deja claro que reconoce el trabajo del Gobierno en aras de implementar el Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP en 2016.

La condena a los grupos armados

La viceministra también le reclamó al ACNUDH no condenar suficientemente el accionar de los grupos armados y las bandas criminales, aun cuando el informe establece claramente lo contrario.

Para citar solo un ejemplo, la Oficina consigna que el Sistema de Naciones Unidas en Colombia, del que hace parte, condenó el ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá, en el que murieron 22 personas el 17 de enero de 2019.

De igual forma, recuerda que esa organización armada “continuó incurriendo en infracciones del derecho internacional humanitario” en al menos seis departamentos del país.

Así mismo, el informe denuncia la acción de grupos violentos, como las disidencias de las ex-FARC-EP y el Ejército Popular de Liberación (EPL), y recalca que su operar criminal no los convierte en actores armados, a la luz del derecho internacional, por lo que no tiene sentido afirmar que no los condena, cuando, por el contrario, deja claro que su estatus es más bajo que el que podrían intentar reivindicar.

Con respecto al accionar de grupos criminales como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el ACNUDH nada le reclama a Colombia, aparte de establecer su presencia civil en las áreas de influencia de estas bandas, como correspondería a cualquier Estado miembro de la ONU, parte de múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, y signatario de un Acuerdo de Paz que puso fin a más de 50 años de conflicto interno con una guerrilla.

Seguridad y derechos humanos

Por otro lado, Mejía aseguró que el Gobierno “recibió con extrañeza las críticas y señalamientos que nunca han sido comunicados al Estado con respecto a la legitimidad de la fuerza pública”. El informe, sin embargo, no cuestiona la legitimidad de las fuerzas armadas, sino que da cuenta de actividades que no corresponden al ejercicio legal de sus funciones y que deben ser investigadas, como de hecho ya lo son algunas, por las autoridades.

Por ejemplo, se refiere a casos concretos, no generalizados, de uso excesivo de la fuerza, participación de militares en operaciones civiles, trabajo conjunto con grupos criminales, tortura, malos tratos y violencia sexual. De igual forma, reseña el asesinato del excombatiente de las FARC-EP Dimar Torres a manos de un cabo del Ejército en Norte de Santander.

Al referirse específicamente a este último caso, el informe del ACNUDH destaca que la Fiscalía ha “avanzado significativamente” en la investigación, cuyo autor material fue condenado a 20 años de cárcel.

Finalmente, a pesar de que el Gobierno dice no haber sido informado de las preocupaciones de la Oficina con respecto a la fuerza pública, en el acápite “Seguridad y derechos humanos” el informe dice: “El ACNUDH valora la continua interlocución con el Ministerio de Defensa sobre casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida y de otras actuaciones por parte del ejército y la policía que podrían implicar violaciones a los derechos humanos”.

El trabajo de la oficina de la ONU para los derechos humanos no se limita a la observación: también comprende la asesoría técnica y la formulación de recomendaciones, que no siempre gustan, pero que son parte del escrutinio internacional al que Colombia dice estar abierta porque no tiene nada que ocultar.