Las omisiones del discurso de Brasil en el Consejo de Derechos Humanos
Entre los autoelogios por la reducción de homicidios, la ministra Damares Alves no tuvo tiempo para explicar que los asesinatos cometidos por la policía también alcanzaron niveles históricamente altos.
“Decidimos que nuestra prioridad sería garantizar y proteger el primer y mayor de todos los derechos humanos, el derecho a la vida”, exclamó el pasado lunes la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos de Brasil, Damares Alves, ante el plenario que se encuentra reunido este mes en Ginebra para la sesión 43 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La dignataria señaló que los homicidios en el país han disminuido más de un 20 % en el último año. De acuerdo con el Monitor de Violencia de Globo, en 2019 se registraron 41 250 homicidios, en contraste con los 48 802 contabilizados en el año anterior, o sea una reducción del 19 %, tal como destacó la ministra. Aunque el presidente Bolsonaro se ha atribuido esta mejora en varias ocasiones, la situación es más compleja de lo que parece.
Competencia de los Estados
“La competencia constitucional de la seguridad publica en Brasil es de los Estados”, explicó a PANORAMA Paulo Tarso, de la ONG brasileña Conselho Indigenista Missionário. “Estos números ya iban bajando desde algunos años atrás. Los Estados más grandes como Sao Paulo y Río de Janeiro ya tenían políticas que iban en ese sentido. Entonces, la reducción de tasas no es un éxito del Gobierno federal que solo lleva un año de mandato”, precisó.
El declive en la tasa de homicidios es una tendencia que ya se hacía visible en 2018, año en el cual se registró una disminución de un 12 % con respecto a 2017, de acuerdo con cifras del Monitor de Violencia de Globo. Esta mejora corresponde al último año del periodo del expresidente conservador Michel Temer, quien había impulsado políticas para mejorar la cooperación interinstitucional entre la Policía y la Justicia, y la capacidad de investigación de las fuerzas del orden.
Violencia policial alcanza altos históricos
Aunque la tasa global de homicidios se ha reducido considerablemente, esto solo refleja un aspecto del fenómeno complejo de la violencia en Brasil. El número de asesinatos cometidos por la policía alcanza niveles históricamente altos. Entre enero y agosto de 2019, 1249 personas fueron asesinadas por la policía de Río de Janeiro, en contraste con 1075 durante el mismo periodo en 2018 –un incremento del 16 %, según cifras de la entidad estatal el Instituto de Seguridad Pública de Río de Janeiro–.
De acuerdo con un informe de Forum Segurança, en 2018, 11 de cada 100 homicidios en Brasil fueron cometidos por la policía, un salto del 19.6 % con respecto al año anterior. El 75.4 % de las víctimas eran negras. “La violencia policial es un problema crónico en Brasil, que toca sobre todo a los más pobres y a las favelas”, señaló Tarso.
Otro factor contribuyente, según el experto en derechos humanos, son las malas condiciones en las que trabajan los agentes policiales de rangos más bajos, lo cual incrementa el riesgo de corrupción. En el estado de Ceará, noreste del país, 147 personas han sido asesinadas desde que la Policía Militar se declaró en huelga, hace cinco días, para exigir mejores condiciones laborales y salariales.
Tarso también advirtió que Bolsonaro ha tenido un discurso que ha legitimado el uso de la violencia por parte de la policía. Una de sus frases celebres, pronunciada durante un evento en 2016, es: “un delincuente bueno es un delincuente muerto”.
Más allá del discurso, las políticas de mano dura de Bolsonaro también podrían motivar aun más violencia policial: “El ministro de Justicia está intentando pasar un proyecto para agregar el ‘temor razonable de ser atacado’ como un excluyente más de ilicitud para los policías”, añadió Tarso.
Un mensaje de cariño para el Amazonas
Entre los demás temas evocados durante su alocución, la ministra Damares Alves se refirió al Amazonas. “Los derechos de 25 millones de brasileños que viven en el Amazonas tienen nuestro cariño y atención especial”, declaró la dignataria quien también aplaudió la reciente creación del Consejo de Amazonas, liderado por el vicepresidente y general retirado Hamilton Mourao.
“El Gobierno de Bolsonaro promueve una visión integracionista de los pueblos indígenas que es la misma de los regímenes militares de los años 70”, expuso Tarso: “Es una visión etnocida que llevará a la desaparición de muchos indígenas”. El experto brasileño señaló que la semana pasada el Gobierno pasó un proyecto de ley que permite la explotación minera en territorios indígenas.
Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos continuarán reunidos hasta el próximo 20 de marzo.
