“Los afrocolombianos no queremos ayuda humanitaria, sino oportunidades”: AFRODES

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), participó en uno de los paneles del Foro de la ONU sobre cuestiones de las minorías, que tuvo lugar esta semana en Ginebra. Durante su intervención, la defensora de derechos humanos expuso la crisis que viven las comunidades afro en Colombia, denunció la brecha entre las disposiciones legales y la realidad de la población y destacó la capacidad organizativa de los afrocolombianos.

Cuero vino al Foro como parte de una delegación del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en la que también se encontraba Pedro Cortés, representante en Bogotá de la ONG desde febrero de 2016 y defensor, de larga data, de los derechos de los afrocolombianos víctimas del conflicto.

En entrevista con Panorama, los activistas se refirieron a la situación de las comunidades afrocolombianas, la participación de sus organizaciones en el proceso de paz en Colombia y la dimensión étnica del acuerdo de paz, tema principal del informe “Afrocolombianos, Afrocolombianas y el Post-Acuerdo”, elaborado por el Instituto y presentado por ellos en Ginebra el pasado 22 de noviembre.

¿Cuál es la situación de las comunidades afro en Colombia?

Erlendy Cuero: Es una situación casi de mendicidad, pero estamos cansados de la ayuda humanitaria: lo que queremos son oportunidades para salir adelante después de un conflicto que ha victimizado y desplazado a más de dos millones de afrocolombianos.

Anteriormente nos fijábamos solo en el impacto de la guerra en lo rural, pero el desplazamiento ha significado nuevas consecuencias para nosotros, ahora en zonas urbanas. Yo vivo en Cali, la tercera ciudad de Colombia. Cuando nuestra población llega allí se ve obligada a ubicarse en los lugares más pobres en donde ya existe una problemática histórica de delincuencia. Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen que entrar en esa dinámica para sobrevivir.

En Cali la situación es aterradora: en cada semáforo hay población afro, sobre todo niños, limpiando los vidrios, vendiendo dulces… ese es el trabajo de ellos.

A las mujeres el conflicto nos ha obligado a cambiar nuestro rol porque una ciudad le pide a uno un perfil para poder emplearse y la mayoría de las mujeres afro solo saben hacer labores propias de campo. Tampoco se atiende la violencia sexual que hemos padecido: a pesar de hacer las denuncias no recibimos apoyo psicológico ni accedemos a programas que nos permitan salir de ese estado de vulnerabilidad.

Necesitamos oportunidades y luchamos por ellas. Le doy un ejemplo: el alcalde de Cali, Maurice Armitage, creó un programa piloto de empleo para desmovilizados y víctimas. Inicialmente no nos incluía, pero, tras una fuerte labor de incidencia, logramos que nos pidieran hojas de vida de nuestra población.

Eran pocos cupos, pero entró gente nuestra que hoy está feliz trabajando y mostrando que se puede valer por sí misma. Estamos cansados de los programas asistencialistas que no nos permiten salir adelante. No queremos gente recibiendo limosna, podemos trabajar. Siempre lo hemos hecho.

¿De qué manera impactó el conflicto armado específicamente a los afrocolombianos?

Pedro Cortés: El conflicto armado ha impactado la vida colectiva de las comunidades. Las víctimas afrocolombianas son más que una suma de individuos a los que les han pasado cosas: toda esta violencia ha destruido las condiciones para darle continuidad al proyecto histórico colectivo de las comunidades en sus territorios.

Hubo quienes pudieron permanecer en sus territorios, o que no tuvieron otra opción, y llevan dos décadas en estado de confinamiento y sometidos a una sistemática violación de derechos. Y quienes están en los grandes centros urbanos se encuentran en una situación de marginalidad muy grande.

La situación es terrible, pero ellos no se asumen como víctimas, sino como sujetos activos que están pidiendo condiciones para hacer realidad lo que ya saben que se puede hacer. El activo es enorme: los afrocolombianos tienen una capacidad organizativa y un capital comunitario fenomenales. No están esperando que la implementación de los acuerdos de paz sea una réplica del programa Familias en Acción, que revictimiza a la gente y la pone en condiciones de indignidad.

¿Cómo participaron los afrocolombianos en el proceso de paz?

PC: Cuando el Gobierno hizo público el inicio del proceso de paz tuvo un respaldo incondicional de las comunidades afrocolombianas afectadas por la violencia. Cuando salieron los puntos de la agenda quisimos que se generaran los mecanismos de participación porque el conflicto ha tenido un impacto diferencial sobre las comunidades y los cinco puntos de la negociación afectan su vida futura.

Empezamos un proceso para ser escuchados en La Habana. Esas solicitudes no fueron respondidas positivamente durante cuatro años. Solamente al final, gracias a los esfuerzos de una plataforma de organizaciones, se logra que a los acuerdos se les incorpore un capítulo étnico, que se mantuvo tras la renegociación. Este capítulo no surgió de la acción espontánea del Gobierno y de las FARC: es el resultado de un trabajo fuerte de incidencia.

EC: AFRODES empezó a convocar a las comunidades afro para organizarnos. Creamos inicialmente el CONPA, Consejo de Paz Afrocolombiano, que agrupa a plataformas nacionales y regionales, y empezamos a presentar propuestas para la participación en la mesa de La Habana, pero no obtuvimos respuesta.

El segundo paso fue llamar a las comunidades indígenas para articularnos y preparar una propuesta que recogiera nuestras inquietudes. Empezamos a trabajar en febrero pasado para que finalmente el 26 de septiembre, horas antes de la firma, nos dijeran que de las veinte páginas que presentamos solo lograron pasar cuatro.

Otra parte del trabajo que asumimos fue ir a las comunidades a divulgar los acuerdos porque la gente de las comunidades, que es más oral que de lectura, no los conocía.

Lo triste es que el 2 de octubre, después de una ardua tarea, las grandes ciudades entraron a expresar su posición y ganó la mayoría, que rechazó los acuerdos. Si se mira el registro, en donde estamos las comunidades todos dijimos sí a la paz, pero no fue así en donde el conflicto no se ha agudizado.

Tenemos una preocupación: Colombia es un país leguleyo. Hay muchas leyes, normas y tratados, pero, a la hora de la verdad, difícilmente se cumplen. Esperamos que esta vez haya un verdadero acompañamiento internacional porque el papel de diferentes organizaciones, entre las que está la ONU, ha sido fundamental en Colombia. En AFRODES nos ha tocado actuar como jugando billar: rebotar nuestra problemática afuera para que pueda ser escuchada en nuestro territorio.

¿Por qué consideran que el acuerdo no tiene un enfoque diferencial étnico?

PC: En el informe que presentó el Instituto hicimos un análisis del acuerdo desde una perspectiva afrocolombiana. Para determinar si los acuerdos incorporaban un enfoque diferencial revisamos qué tan coherentes son con las normas vigentes para la protección de nuestros derechos, los impactos que ha tenido el conflicto sobre nuestras comunidades y las visiones del acuerdo de la población afrocolombiana.

Quisimos responder qué tan adecuado es cada acuerdo para restituir los derechos de las comunidades. Para responderla hay que señalar que no existe un reconocimiento explícito de los impactos diferenciales del conflicto, de los mecanismos de participación que el mismo Estado se ha comprometido a desarrollar con las comunidades, ni una consideración adecuada de las normas centrales que protegen las comunidades.

¿El capítulo étnico del acuerdo corrige esta carencia?

PC: Ese capítulo queda como algo aparte. Es un conjunto que ellos mismos llaman de principios de interpretación y salvaguardas para garantizar que cualquier implementación de los acuerdos respete sus disposiciones.

En principio, si en el momento de la implementación se toma como punto de referencia el capítulo étnico y se trata de identificar qué es lo diferencial, cómo se aplica, por ejemplo, al tema de la participación de la comunidad afrocolombiana desplazada, digamos que está bien. Pero está por verse si ese déficit se puede corregir.

El capítulo étnico inicia con algo fundamental que los acuerdos no recogen y es que estamos en presencia de unos impactos estructurales y unos procesos de exclusión que han sido históricos. Era muy importante que en el acuerdo de paz se hiciera ese reconocimiento.

Los acuerdos no tienen un enfoque diferencial y la inclusión del capítulo étnico no lo corrigió completamente.

¿Qué hubiera necesitado para hacerlo?

PC: Que reconociera los impactos del conflicto en las comunidades afro, los explicite y por lo tanto sugiera las rutas adecuadas para mitigarlos.

Por ejemplo, todos los acuerdos centrados en elementos territoriales dicen que se deben hacer planes de desarrollo con enfoque territorial. Si hubiera habido un enfoque diferencial se especificaría que para el caso de los territorios afrocolombianos se generarán las condiciones para que los planes de etnodesarrollo y manejo ambiental que existen ya hace veinte años en muchas comunidades sean los ordenadores para gestionar el desarrollo y las reparaciones.

EC: Comparto esa preocupación. ¿Qué ha pasado con la reglamentación y jurisprudencia que reconocen nuestros derechos como la Ley 70 de 1993? Todo se está quedando en el papel porque nada pasa a la hora de poner fin a ese estado de cosas inconstitucional en nuestras comunidades.

PC: El apoyo de las comunidades no quiere decir que no sean críticas frente a lo que pueda pasar. Colombia se va a enfrentar a un posacuerdo, no a un posconflicto. El que salga de la ecuación la confrontación militar con las FARC es una oportunidad para lidiar con todos los conflictos: unos que quedan, como los asociados con el modelo de desarrollo económico, otros que se intensifican, como la disputa territorial o el aumento de la violencia, y otros que van a aparecer como resultado de la implementación.

¿Cómo se puede garantizar que se tenga en cuenta el capítulo étnico en la implementación?

PC: El Estado debería garantizar las condiciones de participación real de las organizaciones y las comunidades en todos los aspectos de la implementación: asignar recursos para que las organizaciones puedan hacer su trabajo. Para mí esa es la esencia de la cuestión y es algo que nunca se ha hecho. También sería voluntad del Estado, en todos los niveles, apropiarse del enfoque diferencial e incorporarlo en sus políticas y programas.

¿Cuál es la situación en materia de discriminación racial?

PC: El Estado colombiano por mucho tiempo negó la discriminación racial. Y persiste la negación de la dimensión étnica que ha tenido el conflicto: hay una indiferencia completa del Estado y la sociedad frente a la suerte de los millones de afrocolombianos que habitaban el Pacífico.

Hay conductas racistas por parte de funcionarios todo el tiempo, sobre todo si se es desplazado y peor aún si se es mujer. Además de eso la misma estructura es racista: las condiciones en las que vive la gran mayoría de los afrocolombianos son el resultado de una exclusión histórica.

Cuando estaba de canciller, Carolina Barco dijo en una entrevista que el abandono de las comunidades se debía a que habitaban en “zonas muy remotas”. La narrativa del Estado, sobre todo en los gobiernos de Uribe, era que la magnitud del desplazamiento de los afros es una desafortunada coincidencia porque estaban en los territorios en disputa.

Hay una reticencia a reconocer como se cruzan variables como pertenencia étnica, ubicación territorial con otras como proyectos de desarrollo y uso de la violencia. La lucha contra la discriminación racial debe seguir siendo un componente esencial para que salgamos de esta situación.

Con respecto a la firma e implementación de los acuerdos de paz, ¿qué lectura hacen de la situación actual en la que se recrudecen los asesinatos de líderes sociales?

EC: En las comunidades hay muchos temores y eso va en aumento porque no hay condiciones para nuestra gente. En Buenaventura decidieron hace poco un cese del conflicto. Efectivamente cumplieron, pero se aumentó la delincuencia: si no se matan en una guerra por territorio se van a matar en una guerra por supervivencia.

La población pobre está en unas condiciones extremas. Mientras eso siga así no va a poder lograrse una paz sostenible. Deben diseñarse programas aterrizados que respondan a las necesidades de la gente y que no estén hechos sobre una lectura equivocada de la realidad por quienes nunca se han metido al barro.

PC: Quienes han estudiado los procesos de transición han identificado cómo cuando se está en esa fase hay reacciones de sectores radicales para sabotear el proceso. Siento que eso está pasando en el caso colombiano. Hay que ver si realmente el Estado va a tener la capacidad de lidiar con ese fenómeno.

El nuevo acuerdo concede muchas cosas, y aun así sigue siendo insuficiente para los actores radicales de derecha así que da mucho temor. Aunque creo que las FARC ya se la jugaron por desmovilizarse sigue habiendo amenazas serias y comportamientos del Estado que van en contravía del bienestar de la población. Por ejemplo, ¿por qué no le dan medidas de protección a Erlendy a pesar de las denuncias y las pruebas fehacientes de que han atentado contra su vida y la de su hijo? Es absurdo.

EC: Es que por denunciar lo que están viviendo las comunidades uno se convierte en objetivo militar del Estado que quiere que solo se hable de lo bonito, pero, si yo no lo estoy viviendo ¿cómo voy a hablar de eso? Además, yo también tengo mis víctimas, empezando por mi padre, ¿por qué me tengo que callar?