Por: Carmen Carrasco

 

Ginebra, 7 de abril.- En el marco del Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD), ante el cual responderá hoy y mañana el Estado dominicano, la Red Nacional por los Derechos de Personas con Discapacidad de República Dominicana (Renaderd) advirtió sobre la protección todavía insuficiente de los derechos de la población en situación de discapacidad.

Esta ONG advirtió en su informe enviado al Comité que en ese país “prevalecen denominaciones peyorativas y discriminatorias en normas jurídicas vigentes, como es el caso del Código Laboral (Ley 16-92) en su Título IX ‘De los Minusválidos’”.

En cuanto a la discriminación, el informe señala que el Estado no ofrece estadísticas sobre enjuiciamientos y condenas por discriminación a personas con discapacidad. Además, indica que en el país existen prácticas discriminatorias como la del Banco de Reservas de la República Dominicana, “que se niega a permitir a personas ciegas poder aperturar cuentas y/o recibir financiamientos, en condiciones de igualdad con las demás personas”.

Por otro lado, la organización advierte que no hay mecanismos de protección y de igualdad de género para las mujeres con discapacidad, y que las políticas del Ministerio de la Mujer no contemplan esta perspectiva.

Al propio tiempo, Renaderd asegura que los niños con discapacidad también sufren el desamparo del Estado cuando son víctimas de acciones denigrantes, como ser usados para la mendicidad. Asimismo, denuncia que el Estado dominicano no ha implementado mecanismos relativos a la sensibilización sobre la situación de las personas con discapacidad, un deber estipulado en el artículo 8 de la Convención.

“No existen planes nacionales, mecanismos de regulación, sistemas de monitoreo o de quejas, ni se aplica la ley que penalice y sancione la falta de accesibilidad universal en el diseño para edificaciones públicas, privadas, parques, comunicación, construcción de acceso vial”, concluye el informe.

La delegación de la República Dominicana comparecerá ante un grupo de expertos de la ONU que conforman el Comité y cuya función es monitorear el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por ese Estado en 2009. Como parte del procedimiento, la sociedad civil presenta, al igual que el Estado, sus informes, y es invitada a interactuar con los miembros del Comité.