Ginebra 10 Septiembre.- La Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, la portuguesa Catarina de Albuquerque, denunció el preocupante desconocimiento de la comunidad internacional y la inacción de los Estados frente a las violaciones relacionadas con el acceso al agua y el saneamiento, especialmente en minorías y poblaciones económicamente marginadas.
“Muchas situaciones en las que los derechos al agua y el saneamiento no son efectivos, no han sido identificadas claramente como violaciones”, indicó la experta. Esto conlleva a la impunidad y a la perpetuación indefinida de la violación de este derecho fundamental que afecta por igual a migrantes indocumentados, presos y ocupantes de asentamientos irregulares, entre otros grupos de población.
El informe es la conclusión de seis años de investigaciones en el marco de su mandato. Desde el 2008, cuando fue nombrada Relatora, realizó consultas, indagaciones y visitas a países como Brasil, España y Uruguay, en los cuales constató en persona las dificultades en las condiciones de acceso al agua potable y las falencias en la infraestructura sanitaria de las poblaciones más pobres.
Las conclusiones de la Relatora suscitaron la reacción de los países latinoamericanos. En su intervención en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Costa Rica compartió “su preocupación por el hecho de que estas situaciones pasan inadvertidas”, además de urgir “la implementación de medidas afirmativas para remediar estas desigualdades.”
Además de lo anterior, Albuquerque recordó que en el caso de las poblaciones indígenas las violaciones obedecen a la “persistencia de patrones históricos de colonialismo y discriminación sistémica”; para la experta, en América Latina esta situación es evidente en la medida en que la mayoría de estos grupos viven bajo condiciones de pobreza y carecen de participación en las decisiones gubernamentales.
Al respecto, la Relatora destacó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Yakie Axa contra Paraguay, en la que se establece que “la denegación del acceso de una comunidad indígena a sus tierras ancestrales equivale a la denegación de su acceso al agua y al saneamiento y violación de su derecho a la vida.”
Un punto de controversia se produjo cuando la Relatora mencionó a las empresas transnacionales como agentes que también incurren en la vulneración del derecho al agua. Albuquerque sugirió que a dichas empresas se les exijan responsabilidades por los abusos cometidos. Venezuela, Ecuador y Bolivia respaldaron la posición de la experta, mientras que Chile se limitó a recordar que es necesario estimar la contribución del sector privado en la distribución del recurso hídrico.
Este debate tuvo lugar en el marco de la 27 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se desarrolla en Ginebra hasta el 26 de septiembre y en el que diplomáticos, expertos independientes, relatores y representantes de la sociedad civil, confluyen para debatir los principales temas concernientes a las violaciones de los derechos humanos.
