Por: Edgar García
Ginebra, 13 de mayo.- De las 125 recomendaciones que los Estados hicieron a Panamá, el país decidió rechazar 9 de ellas, remitidas por Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Paraguay, entre otros, que piden al país centroamericano ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, durante su comparecencia ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concebido para evaluar la situación de los derechos humanos en los países miembros de la organización internacional.
El objetivo de la Convención, que 47 Estados han ratificado y que entró en vigor en el 2003, es la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias independientemente de su condición jurídica en el país de acogida, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole.
La ONU informó que en Panamá las personas migrantes encaran políticas diferenciadas “por razón de la nacionalidad, endurecimiento de los procedimientos de legalización, aumento de los costos de los trámites, imposición de multas elevadas y aumento de operativos por parte de las autoridades de migración”. De igual modo, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes señaló “que los refugiados y trabajadores migrantes de origen africano eran particularmente vulnerables a la discriminación racial y étnica y también eran objeto de xenofobia”.
Además la ONU recomendó al Estado realizar campañas de información para sensibilizar a las personas migrantes sobre sus derechos; por otro lado, que las detenciones de estas personas sean de “carácter excepcional”; impulsar una “política migratoria integral” que proteja “los derechos de las personas migrantes de conformidad con el principio de no discriminación”.
Con respecto a esa recomendación, el jefe de la delegación, Luis Ernesto Carles declaró que “por norma constitucional tomamos nota de la recomendación y procederemos de acuerdo con lo establecido en el Convenio de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que hace poco ratificamos sobre la consulta tripartita n°144”. Este convenio tiene como propósito la promoción del tripartismo y “el diálogo social en el ámbito nacional, asegurando la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en cada etapa de las actividades normativas de la OIT”.
Según las reglas establecidas por el Consejo de Derechos Humanos en el procedimiento del EPU, un Estado solo puede aceptar o rechazar una recomendación, de esta forma, “tomar nota” se interpreta como rechazar una recomendación.
Asimismo el Estado panameño rechazó las recomendaciones de Francia, México e Italia que requieren implementar un marco jurídico para la protección de la niñez y particularmente incrementar la edad mínima de matrimonio en línea con los estándares internacionales así como la edad de la responsabilidad criminal. De igual manera, Panamá no dio su apoyo a la recomendación de Eslovenia que propone suprimir el Decreto 204/1997 Ejecutivo que determina “la homosexualidad como una mala conducta seria para los miembros de la Policía Nacional “.
En cuanto a esas recomendaciones, el Jefe de la Delegación del Estado centroamericano expresó que “Panamá toma nota de estas recomendaciones y asumimos una posición constructiva la cual queda reflejada en el resumen del informe”.
