Por: Mélanie Belfiore

 

Ginebra, 24 de septiembre.- Tras haber examinado en mayo pasado la situación de Panamá y haber dictado 125 recomendaciones al respecto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió, en el marco de su trigésima sesión, para concluir el Examen Periódico Universal del país centroamericano. En esta ocasión, el Estado panameño comunicó el rechazo de las diez recomendaciones que le pedían ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

Esta Convención, adoptada por la Asamblea General en 1990, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de los trabajadores migratorios, independientemente de su estatus legal.

El Estado panameño justificó el rechazo de la Convención asegurando que había mantenido una “política de apertura” en materia migratoria, legalizando a más de 50 000 residentes en estos últimos años, en gran parte colombianos y venezolanos. Según las cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, la emisión de permisos de residencia aumentó casi un 40 % en cuatro años: pasó de 9870 en 2010 a 13 792 en 2014.

El embajador de Panamá, Ramón Alberto Morales Quijano, afirmó además que el Gobierno había ratificado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Por otra parte, el Estado panameño rechazó aumentar la edad de responsabilidad penal. También rehusó la recomendación de México que pedía “la reducción de la detención preventiva en menores de 18 años” así como una revisión general de las normativas “en materia de justicia juvenil”. No obstante, Panamá aseguró que estaba elaborando “una Ley de protección integral de la niñez y adolescencia, con el asesoramiento de las agencias del sistema de las Naciones Unidas”.

Adicionalmente, Panamá no consintió prohibir “todas las formas de discriminación” y “abolir todas las disposiciones del Decreto Ejecutivo número 204/1997 que establecen que la homosexualidad es una falta gravísima de conducta para los miembros de la Policía Nacional”, como lo recomendó Eslovaquia.

Durante la reunión, la organización no gubernamental COC Países Bajos tomó la palabra para subrayar la necesidad de desarrollar “el principio de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género”. El representante de la ONG calificó de “inexistente el marco jurídico destinado a proteger a nuestra comunidad [población sexo–género diversa]”.

El embajador panameño no abordó esta temática pero cerró la sesión asegurando que había tomado nota de “las inquietudes y comentarios desfavorables en algunos temas” con el fin de comunicarlos al gobierno y que “sean tomados en consideración”.

Panamá afirmó que las recomendaciones le “servirían de guía y apoyo para mejorar la cultura de coexistencia y comprensión, piedras angulares de la promoción de los derechos humanos que contribuyen a la solidez de la democracia”.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concebido para evaluar la situación en la materia en los 193 Estados miembros de la Organización. En el marco de su próximo EPU, que tendrá lugar dentro de cinco años, Panamá rendirá cuentas ante sus pares sobre la aplicación de las recomendaciones que aceptó.