A lo largo de la historia, la ley ha sido un mecanismo importante en la gobernanza de las sociedades. La ley también ha sido una herramienta para el control social, para la creación y mantenimiento de la hegemonía, un medio a través del cual los individuos han luchado por sus derechos, y una forma de empoderar a los poderosos mientras se mantiene a los débiles a raya. El ámbito legal es el espacio donde las leyes, regulaciones, protocolos y otros documentos legales interactúan con los derechos humanos. El término ámbito legal es un término amplio que se refiere al reino de la ley tal como se aplica a diversas situaciones. En el contexto de los derechos humanos, el ámbito legal puede referirse a las normas inscritas dentro de la ley para proteger los derechos humanos básicos, como el derecho a votar, el derecho a un juicio justo, el derecho a la alimentación, el derecho a vivir libre de discriminación, entre otros. Estas normas se pueden encontrar en una variedad de leyes, como el código civil, tratados internacionales, derecho constitucional, instrumentos de derecho blando y derecho consuetudinario.
El ámbito legal y las leyes que promueven los derechos humanos en América Latina son un fenómeno relativamente reciente. Después de la abolición de la esclavitud en muchos países de la región, surgieron nuevos sistemas de control social, y a través de una combinación de mecanismos coercitivos y normas legales opresivas, se formó un orden social para preservar el poder en manos de unas pocas élites. El orden social que surgió se conocía como un orden legal supremacista blanco, y hoy en día sus vestigios aún se pueden ver en toda la región. Sin embargo, más recientemente, los países han comenzado a incorporar los derechos humanos en sus leyes, protegiéndolos con tratados internacionales de derechos humanos. Uno de estos tratados es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José. Esta convención fue redactada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para proporcionar un marco legal para la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continente.
Algunos de los principios básicos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos incluyen la libertad personal, el trato humano, la libertad de conciencia y religión, la igualdad ante la ley, el derecho a apelar, el derecho a un juicio justo y el derecho de reunión. Casi todos los países de América Latina son signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que como parte del derecho internacional consuetudinario, significa que están obligados a respetar estos principios. Para promover el acceso a la justicia y la implementación de tratados internacionales, la OEA creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un mecanismo regional para la protección y observancia de los estándares de derechos humanos.
Si bien los marcos legales han desempeñado claramente un papel en la promoción de los derechos humanos, los marcos legales también pueden ayudar en la persecución de los defensores de los derechos humanos. En un informe reciente, la OEA documentó cientos de casos de defensores de los derechos humanos detenidos, asesinados, desplazados forzosamente y perseguidos en América Latina. El ámbito legal ha ayudado en esta persecución al criminalizar a los activistas a través de leyes que criminalizan a las figuras parentales, o suprimir en exceso la libertad de reunión a través de leyes que criminalizan las asambleas. Estos esfuerzos recientes han generado un descontento generalizado, y la presión de ONG locales e internacionales e instituciones supranacionales ha ayudado a derogar estas leyes opresivas, pero no sin lucha.
En América Latina, la ONU también ha desempeñado un papel importante en el establecimiento del ámbito legal. EE. UU., por ejemplo, ha incorporado una prohibición constitucional de la discriminación, conocida como la Cláusula de Igual Protección. El significado de esta disposición constitucional ha evolucionado a lo largo del tiempo a través de interpretaciones judiciales. La Cláusula de Igual Protección es una parte fundamental del ámbito legal de EE. UU., establece el estándar de cómo las leyes deben aplicarse por igual a todas las personas, protegiéndolas así contra la discriminación. La Cláusula de Igual Protección inspiró en última instancia su inclusión en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El ámbito legal ha evolucionado sin duda a lo largo de los años, promoviendo y persiguiendo los derechos humanos básicos. Si la ley promueve los derechos humanos o no, depende de una variedad de factores, como la estructura de oportunidades políticas, la historia legal del país y la percepción general de la ley en la conciencia colectiva. En general, se podría argumentar que el ámbito legal apoya los derechos humanos en América Latina al proporcionar una variedad de vías a través de las cuales se puede impugnar la ley, por lo tanto, el ámbito legal ha apoyado en última instancia los movimientos sociales que a su vez ayudan a dar forma a la ley. A medida que avanzamos hacia el próximo siglo, es probable que en muchos países el acceso a la justicia continúe mejorando, a medida que cambian las percepciones sociales de la ley.
