Por: Ines Carel

 

Ginebra, 17 de septiembre.- Los Estados miembros de las Naciones Unidas abordaron hoy un tema que no suele primar en el debate sobre los derechos humanos: los tratados de libre comercio e inversiones. El Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, denunció los “efectos adversos” que dichos tratados pueden tener en el disfrute de los derechos humanos.

Durante la presentación de su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos, que celebra actualmente su trigésima sesión, el experto declaró que los tratados de libre comercio e inversiones son contrarios a las obligaciones internacionales del sistema de los derechos humanos porque, tal como están planteados, para hacer respetar los derechos humanos los Estados deben violar los derechos de los inversores y viceversa.

De acuerdo con de Zayas, este choque radica en que los actores encargados de resolver el dilema entre derechos humanos y derechos de los inversores no son los jueces de las cortes nacionales o internacionales, sino árbitros privados. “Hay un número creciente de procesos de arbitraje (en los) que priman los beneficios por encima de los derechos humanos”, aseguró.

¿Cómo es posible que los inversores puedan prevalecer sobre los sistemas jurídicos nacional e internacional? Según el experto, esto ocurre por la existencia de una cláusula que contienen los tratados de libre comercio y que “supone un sistema completamente separado de solución de controversias, que está no solo al margen del sistema judicial sino por encima de él, y sin posibilidad de apelación”.

En la práctica, esto significa que los inversores pueden, a través de arbitrajes, demandar a los Estados por hacer respetar los derechos humanos si esto pone en riesgo su beneficio, pero no viceversa.

El ejemplo con el que de Zayas ilustró este punto fue la demanda que interpuso Philip Morris contra Australia en 2011, luego de que el Estado implementara medidas para reducir el consumo de tabaco en la población, como la unificación de todas las cajetillas de cigarrillos para hacerlas menos atractivas.

El experto afirmó que la magnitud del “abuso” es tal que “cabe imaginar que algún día el complejo militar-industrial podría invocar un proceso de solución de controversias entre inversores y Estados cuando un país decida (…) eliminar la producción de minas antipersonal (…) por ser contraria al derecho internacional humanitario, y al hacerlo ‘expropie’ los beneficios previstos de la industria de armamentos”.

Además de los 3200 tratados que existen actualmente, “se están negociando varios acuerdos internacionales de inversión, principalmente en secreto”. Es el caso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica en el que negocian, entre otros, México, Perú y Chile o el Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por tanto, explicó el experto, es necesaria una “reforma sistémica”.

“Los problemas extraordinarios requieren soluciones audaces”. De acuerdo con él, todos los tratados que contienen estas cláusulas para procedimientos arbitrales entre inversores y Estados, existentes o en negociaciones, deben ser revisados o terminados de manera que estipulen claramente “que en caso de conflicto entre las obligaciones de derechos humanos del Estado y las obligaciones impuestas por otros tratados, prevalecerán los instrumentos de derechos humanos”.

En el momento de las intervenciones de los Estados luego de la presentación del informe, Cuba y El Salvador saludaron el informe del experto. Ecuador, por su parte, se refirió a su experiencia con “los casos paradigmáticos de Texaco-Chevron y Occidental Petroleum”, en los cuales empresas trasnacionales han usado tratados de inversión para eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Ningún Estado de la Unión Europea, ni Estados Unidos o Canadá participaron de la discusión, como lo remarcó el experto en una entrevista exclusiva con Panorama.

De Zayas seguirá adelante con su mandato de Experto Independiente hasta el 2018 y presentará su próximo informe en la sesión del Consejo de los Derechos Humanos que tendrá lugar en septiembre 2016.

El informe de Alfred-Maurice de Zayas está disponible en este enlace.