Por: Carmen Lucía Castaño
A las 3:00 pm de hoy, 4 de agosto de 2015, el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial (CERD) dio inicio al examen de la situación de Colombia en materia de protección de los ciudadanos frente a toda “distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico».
Instalación
El presidente del Comité, José Francisco Cali, inició la sesión dando la bienvenida a la delegación colombiana a la que cedió la palabra.
La jefa de la delegación de Colombia, la viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carmen Velásquez Camargo, hizo una presentación del informe preparado para su evaluación ante el Comité, órgano de la ONU encargado de velar por la aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Colombia en 1982.
Preguntas de los expertos
La ronda de preguntas del Comité empezó con la intervención del relator para Colombia, el experto norteamericano Carlos Vazquez, quien destacó la labor que la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional y el Centro Nacional de Memoria Histórica han jugado en la protección de las minorías étnicas en el marco del conflicto armado colombiano.
En el mismo sentido, preguntó a la delegación por las medidas previstas por el Estado para atender el fenómeno de la impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos de los indígenas y los afrocolombianos.
Vazquez indagó también por el papel de la Unidad Nacional de Protección, encargada de velar por la integridad de las personas más vulnerables ante la violencia y destacó que el Comité ha recibido información sobre falencias en su funcionamiento.
Por otro lado, el experto señaló que diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por la situación de los indígenas wayuus, privados del acceso al agua potable por causa de la canalización del río Ranchería, que solía abastecerlos, y calificó la situación como “potencialmente catastrófica”.
Finalmente, Vazquez afirmó que los problemas de Colombia en materia de discriminación racial no tienen que ver con su marco normativo, sino con su implementación. “No puedo pensar en un país donde la brecha entre la ley escrita y la realidad en el terreno sea más grande”, concluyó.
Por su parte, el experto Alexei Avtonomov recordó, a propósito del caso de los indígenas Wayuu, que el Estado tiene la obligación de garantizar a su población el derecho al agua.
El experto Ion Diaconou (en la imagen) se sumó a esta preocupación afirmando que el Colombia debe tomar las medidas necesarias para que las empresas implicadas en la contaminación o desvío de fuentes hídricas no violen los derechos de las comunidades aledañas pues “las necesidades humanas tienen prioridad sobre cualquier otro uso del agua”.
El experto belga Marc Bossuyt preguntó por la presencia de comunidades rom en Colombia y solicitó precisiones sobre su origen.
A su vez, el brasilero Jose Lindgren relativizó el uso del término “genocidio” utilizado en el informe de Colombia para referirse a la victimización de los pueblos indígenas por parte de los actores armados y pidió a la delegación precisar los avances del proceso de paz que adelantan el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La experta Fatimata Dah, en la imagen, se unió en esta última solicitud a su colega Lindgren, quien la precedió en el uso de la palabra.
A continuación intervino Yeung Kam Yeung quien preguntó por el número de casos judiciales en curso y las sentencias ejecutadas por casos de discriminación racial. De la misma manera, indagó por la legalidad de los castigos físicos en la jurisdicción indígena.
De otro lado, la sudafricana Patricia January-Bardill, en la imagen, indicó que el concepto “Estado de derecho” es muy amplio y pidió precisiones sobre las garantías que este supone, en Colombia, en términos de la prevención de la discriminación racial.
Por su parte, el experto pakistaní Anwar Keman preguntó por el ejercicio del derecho a la salud de la población indígena y afrocolombiana ya que, según la información con la que cuenta, los servicios sanitarios son de muy difícil acceso para la población colombiana, y de manera muy especial para las minorías étnicas.
La experta irlandesa Anastasia Crickley expresó sus reservas sobre la manera en la que el Estado colombiano aplicó las recomendaciones emitidas por el Comité durante su última evaluación en 2009 y pidió a la delegación especificar cuáles son las mejoras que se han alcanzado en la lucha de la discriminación racial desde entonces.
La sucedió en la palabra el libanés Mehlem Khalaf quien pidió mencionar las medidas que el Estado toma para asegurar la protección de la población afrocolombiana y de sus defensores.
A continuación volvió a intervenir el presidente Cali quien lamentó la muerte de Genaro García, líder comunitario del departamento de Nariño, sur de Colombia, asesinado ayer 3 de agosto, y preguntó por las medidas de protección que el gobierno nacional le había otorgado a él y a otros defensores de los derechos humanos.
Cali, en la imagen, expresó sus reservas sobre el uso impreciso de la terminología ligada a la discriminación racial hecho en el informe de Colombia y en la presentación de la jefa de delegación.
A continuación, el presidente del Comité concedió cinco minutos de receso a la delegación colombiana para permitirle organizar sus respuestas.
Luego de la breve discusión, los delegados de Colombia hicieron saber su decisión de organizar por bloques las preguntas con el fin de responderlas de manera organizada, para lo cual pidieron continuar el diálogo durante la segunda jornada.
Fin de la primera jornada
Tras esta intervención de la delegación, el presidente del CERD, José Francisco Cali, dio por terminada la primera sesión del examen de Colombia.
En este enlace está disponible el reportaje fotográfico de la segunda jornada del examen, que tuvo lugar el 5 de agosto.
Trackbacks/Pingbacks