Texto: Carmen Lucía Castaño
Fotografías: Klaus Sokoll
Ginebra, 29 de septiembre.- En la sede europea de las Naciones Unidas se dieron cita hoy los expertos del Comité de los Derechos del Niño y una delegación del Estado cubano.
Durante la reunión, dividida en dos sesiones, se evaluó la situación de la infancia en Cuba en los aspectos cubiertos por dos de los protocolos adicionales a la Convención sobre los Derechos del Niño: venta y prostitución infantil y participación de niños en los conflictos armados.
El presidente del Comité, Benyam Dawit Mezmur, dio la bienvenida a la delegación cubana.
La ministra de Justicia de la República de Cuba, María Esther Reus, destacó que el Estado aprobó recientemente el Plan Nacional de acción para el niño, el adolescente y la familia 2015 – 2020, elaborado con el acompañamiento de Unicef. Igualmente, informó que ayer, 28 de septiembre, se ratificó el Convenio 182 de la Organización Mundial del Trabajo, relativo a la eliminación de las peores formas de trabajo infantil.
Primera sesión: Protocolo Adicional sobre la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantil (OPSC)
El examen sobre la aplicación de las disposiciones del Primer Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificado por Cuba en 2001, comenzó con la intervención del experto eslovaco Peter Gurán, quien solicitó información a la delegación cubana sobre las medidas previstas para proteger a la infancia de un eventual aumento en la demanda del turismo sexual en el contexto de la apertura de Cuba, producto del acercamiento diplomático que tiene lugar actualmente entre esta nación y Estados Unidos.
En ese mismo sentido, pidió especificar la intención del gobierno de promover el código nacional de conducta con las agencias turísticas y de qué manera se tiene previsto hacer frente a la prostitución infantil.
Adicionalmente, el experto preguntó si se tiene previsto incluir en la implementación del Plan de Acción las recomendaciones formuladas por el Comité y si se planea definir claramente en la legislación las nociones de venta, prostitución y pornografía infantil, de acuerdo con lo estipulado en el Protocolo.
Por otra parte, Gurán pidió definir si Cuba planea redefinir la edad de responsabilidad penal.
El brasilero Wanderlino Nogueira Neto indagó por la difusión que los fenómenos ligados a la venta de menores tienen entre la población y reiteró la inquietud de su predecesor con respecto a la distinción legal entre niños y adolescentes.
Jorge Cardona, experto español, se unió también a Gurán y aportó preguntas sobre las previsiones que debe tomar la industria hotelera en relación con el turismo sexual infantil y para que no se fomente “la cultura del dinero fácil”.
La experta marroquí Hynd Ayoubi indagó por el presupuesto con el que cuenta el Estado para seguir garantizando el acceso de los niños a los servicios sociales, educativos y sanitarios. También quiso saber acerca de los planes de penalización de la prostitución, específicamente la de menores. En otro sentido, preguntó por la asistencia que se presta a los menores víctimas de abuso sexual y por el papel de las familias en su recuperación.
Sobre este último aspecto, la ecuatoriana Sara Oviedo enfatizó en la importancia que tiene el entorno familiar en la rehabilitación de los niños abusados e indagó por la manera en que los sistemas educativo y sanitario contribuyen a la creación de entornos familiares propicios para la prevención y respuesta ante la explotación sexual.
La ministra Reus, quien ofició como jefa de delegación, confirmó que en el plan legislativo que concluirá en 2017 están siendo incluidas las recomendaciones del Comité y de otros expertos de las Naciones Unidas.
Por su parte, la abogada y profesora de la Universidad de La Habana, Yamila González, expresó que es necesario garantizar “un turismo sano para niños y adolescentes” y que la capacitación del personal del sector turístico en prevención de la explotación sexual hace parte de las medidas emprendidas por el Estado para garantizar que así sea. “Cuba no promueve ni fomenta ni permite el turismo sexual”, enfatizó González y destacó que el Estado promueve un turismo “familiar” y no uno de “casinos, prostitución y drogas”.
Janet Román, funcionaria del Ministerio de Justicia, indicó que la promoción de los derechos de los menores entre niños, padres y educadores es prioritaria para el Estado cubano. Agregó que la legislación nacional no contempla la extradición por los delitos previstos en el Protocolo y que en caso de que se dieran “lo juzgaríamos en Cuba para darle toda la severidad posible al castigo”.
Luis Alberto Amorós, funcionario de la Cancillería, respondió con respecto al presupuesto que, incluso en los momentos de mayor dificultad económica para Cuba, “el 50% de los ingresos del país se han dedicado a inversión social”, que 13 puntos de su PIB son destinados a la educación y que el Estado mantiene el compromiso de así siga siendo.
Con respecto a si existe un proyecto de creación de un mecanismo de verificación independiente del Estado que vele por el cumplimiento de las disposiciones de la Convención, Amorós respondió que en la isla ya se cuenta con “un sistema que incluye la participación de organizaciones de la sociedad civil para recibir, tramitar y responder cualquier tipo de denuncia individual”. El funcionario agregó que en Cuba “existen las garantías jurídicas, se sea cubano o extranjero, para hacer valer los derechos”.
Sobre la tipificación de la prostitución, Idania Silot, jefa de asuntos civiles, administrativos y laborales de la Fiscalía General, respondió que, efectivamente, en Cuba la prostitución no es un delito, pero que el proxenetismo, entendido como el constreñimiento a terceros para ejercerla, es severamente sancionado. Sin embargo, matizó, “como lo señaló la ministra, estamos en plena revisión del código penal que permitirá que nuestro marco jurídico esté más adaptado a nuestros compromisos internacionales”.
Sobre el mismo tema, la profesora González explicó que a quien ejerce la prostitución no se le considera un delincuente, sino una víctima de explotación sexual y que el sujeto de sanción penal “es quien se beneficia de ello”.
Por otra parte Raquel Rielo, jefa del grupo del Grupo de Ciencias, Desarrollo y Proyectos de la Dirección de Menores del Ministerio del Interior, precisó que los niños víctimas de violencia sexual no son institucionalizados. “Los centros de orientación, evaluación y atención hacen valoración y reconocimiento, pero no los ingresan”. Rielo explicó que, en estos centros, equipos multidisciplinarios valoran los casos y que solamente en aquellos en los que haya falta de condiciones propicias para la recuperación en el entorno familiar, los menores son llevados a “Escuelas de formación integral”, instituciones “desprovistas de rejas, en donde los niños usan los mismos uniformes que los demás estudiantes”. Toda rehabilitación, enfatizó, se hace con el acuerdo y acompañamiento de la familia.
Segunda sesión: Protocolo Adicional sobre la participación de niños en conflictos armados (OPAC)
Tras la pausa de mediodía, el Comité abordó los temas relacionados con el Segundo Protocolo Adicional a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificado por Cuba en 2007.
Wanderlino Nogueira preguntó si Cuba planea adoptar medidas para garantizar que los menores de 18 años no tomen parte en hostilidades ni estén obligados a inscribirse en el servicio militar, si pretende revisar la edad de responsabilidad penal y si cuenta con implementar una jurisdicción juvenil.
Hynd Ayoubi pidió precisiones acerca del grado de difusión de las disposiciones del Protocolo, dentro y fuera de los colegios militares.
Peter Gurán solicitó información sobre las escuelas vocacionales militares “Camilo Cienfuegos” y preguntó si los niños que allí se educan pueden recibir formación similar a la de quienes siguen su formación básica en instituciones de otra naturaleza.
Por su parte, Sara Oviedo quiso saber si los menores que participan en misiones internacionales reciben capacitación en los temas del Protocolo para que sepan cómo actuar y qué derechos tienen en el marco de los conflictos armados.
Hatem Kotrane, a su vez, recordó que Cuba no ha ratificado el Tratado de Roma y preguntó si tiene planes de hacerlo próximamente.
La jefa de delegación reiteró que la edad penal en Cuba es de 16 años. Explicó que, sin embargo, para los infractores que están en edades comprendidas entre los 16 y los 18 hay un sistema de encerramiento diferenciado.
Luis Amorós respondió, a propósito de la eventual adhesión de Cuba al Estatuto de Roma, que su país “siempre apoyará el establecimiento de una justicia internacional imparcial, no selectiva, eficaz, justa, independiente y complementaria de los sistemas nacionales”. No obstante, manifestó “ver con preocupación” lo que llamó la “falta de imparcialidad de la Corte Penal Internacional” por su relación con el Consejo de Seguridad. “No sería de extrañar que la imparcialidad de la Corte se viera menoscabada por la actuación de algunos países miembros del Consejo”. Por esa razón, aseguró, “nuestro país no tiene bajo consideración ratificar el Estatuto”.
La profesora Yanila González indicó que, en el caso de las brigadas médicas internacionales, no solamente los menores sino todos los participantes reciben entrenamiento en “principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad”, así como en los contenidos del Protocolo, para que sepan cómo actuar ante posibles desafíos en el terreno.
Raquel Rielo dijo, a propósito de las escuelas militares vocacionales “Camilo Cienfuegos” que los menores que ingresan lo hacen “por voluntad propia” y que pueden retirarse cuando lo decidan sin perjuicio de su reincorporación en otros programas educativos. La funcionaria indicó que el programa académico es idéntico al de otras escuelas, salvo por el énfasis del área vocacional y que allí se les brinda educación jurídica en la que ven materias como derecho internacional humanitario, derechos humanos y este Protocolo. Los menores que están allí inscritos, enfatizó, son civiles: “en ningún caso tienen estatus militar ni contacto con armas de fuego”.
Preguntas de seguimiento
El experto egipcio Gehad Madi ya había planteado preguntas acerca de la ausencia de legislación que penalizara el reclutamiento de menores por parte de grupos armados no estatales, tal como lo exige el artículo 4 del Protocolo.
Ante la reiterada respuesta de la delegación en el sentido de que en Cuba no existe un escenario tal, Madi ilustró con un ejemplo la importancia de contar con esta medida en su ordenamiento jurídico: en el caso en que un menor cubano fuera reclutado en el extranjero por un grupo armado y que el responsable de tal reclutamiento se encontrara en Cuba, en ausencia de tal ajuste legal, no habría manera de sancionarlo, pues su actuación no configuraría un delito.
Al respecto, la jefa de delegación insistió en que Cuba nunca ha tenido un caso semejante ni en su territorio ni en el extranjero, pero aseguró que la consideración será tomada en cuenta en el perfeccionamiento de la legislación interna.
Observaciones finales
Los expertos Peter Gurán y Wanderlino Nogueira, quienes oficiaron como relatores para Cuba del Comité, coincidieron al afirmar que esperan que tanto los temas tratados durante el examen como las recomendaciones finales del Comité servirán para fortalecer el ejercicio de los derechos de los niños, especialmente en la coyuntura actual de Cuba que, en palabras de Nogueira, hace una “transición pacíficamente, sorprendiendo al mundo en este momento en el que arrecia la violencia”.
La ministra y jefa de la delegación cubana, María Esther Reus, afirmó que el gobierno, con la activa participación de las organizaciones de la sociedad civil, “seguirá asegurando que los niños y niñas no sean sometidos a ningún tipo de explotación: ni económica, ni laboral, ni militar, ni sexual”.
“Nada desviará a nuestra revolución de los objetivos justos que la ha guiado y seguiremos perfeccionando nuestro sistema socialista”, concluyó Reus.
Al final de la sesión, el presidente del Comité valoró los compromisos hechos por el Estado en el sentido de adecuar con precisión la legislación interna a la Convención y a sus protocolos y reiteró que espera que evalúe la adhesión de Cuba al Tercer Protocolo Adicional, relativo a la recepción de quejas individuales. Mezmur finalizó su intervención, como es costumbre, mandando sus saludos a todos los niños del país.
El viernes 2 de octubre, el Comité de los Derechos del Niño publicará sus recomendaciones a los Estados evaluados durante la presente sesión. Cuba entregará en 2017 su próximo informe ante el Comité.
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