Por: Mélanie Belfiore
Ginebra, 16 de noviembre.- Esta fue la pregunta que respondieron los oradores que participaron en el panel que tuvo lugar esta mañana en el marco del cuarto Foro de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Los expertos definieron la diligencia debida como el proceso continuo de monitoreo y prevención de los efectos negativos de las actividades de las empresas sobre los derechos humanos.
Las reuniones que transcurren entre hoy y el miércoles en Ginebra tienen como objetivo discutir estrategias para mejorar la implementación de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos, que son los estándares globales para prevenir que las corporaciones violen los derechos humanos.
La diligencia debida se materializa en las empresas en, por lo menos, tres etapas: un control interno efectivo que permita identificar los riesgos de impactar negativamente los derechos humanos, con el fin de controlarlos, y la verificación de la cadena de suministro, es decir, del proceso completo de producción, con todos los actores involucrados. A partir de allí se producen comunicaciones e informes con el fin de establecer un mecanismo útil para cumplir el objetivo.
Según Kathryn Dovey, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la etapa de verificación de la cadena de suministro es la más delicada, puesto que es difícil definir precisamente las diferentes etapas, actores, subcontratistas y lugares que se tienen que controlar. Por esta razón, es importante definir una guía de aplicación para cada sector de actividad, con el fin de ayudar y facilitar la identificación de riesgo y el control de la cadena de suministro.
Durante la discusión, los panelistas insistieron en la necesidad para las empresas de adoptar una “perspectiva proactiva” y un enfoque preventivo basado en el principio de “no hacer daño” (do not harm, en inglés), como lo precisó el miembro del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos, Dante Pesce, quien también participó en el panel.
En este contexto, el experto denunció el comportamiento de ciertas empresas que prefieren huir frente al riesgo, en vez de afrontarlo. Dante Pesce aseguró que las corporaciones tienen el deber de comunicar las situaciones que implican riesgo de violaciones de los derechos humanos y mejorar las condiciones de los más vulnerables.
Los representantes de empresas como la francesa Engie (anteriormente GDF Suez) o la Swiss Trading and Shipping Association, también presentes en la reunión, resaltaron por su parte la complejidad de controlar los efectos negativos de la totalidad de las actividades de las empresas.
Los expertos llegaron a la siguiente conclusión: aunque la diligencia debida un concepto teórico difícil de aplicar, encuentros como el Foro constituyen un espacio en el que Estados, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales pueden compartir sus experiencias y “guiar” a las empresas para que puedan prevenir y remediar los efectos negativos de sus actividades sobre los derechos humanos.
