Por: Diego de León Sagot
Ginebra, 22 de enero.– Combatir la impunidad de todos los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, enjuiciar a sus responsables y garantizar el acceso de las víctimas a reparación, son parte de los compromisos asumidos por Paraguay tras su comparecencia en el Examen Periódico Universal (EPU).
Así se dio a conocer hoy en la sede de la ONU en Ginebra durante la adopción preliminar del informe, el cual hace un recuento de la revisión de la que fue objeto el país suramericano el pasado miércoles 20 de enero. Más de 70 países participaron en la evaluación y formularon recomendaciones a Paraguay para mejorar su situación de derechos humanos, en un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al cual deben someterse todos sus miembros.
Entre otras medidas, y a petición de Canadá, Paraguay se comprometió a crear “una comisión especial dentro de la Fiscalía para llevar ante la justicia a los responsables” de ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos, recomendación que expresamente pide investigar los asesinatos de diecisiete periodistas, ocurridos desde 1991, y que aún no han sido esclarecidos, ni sus responsables enjuiciados y sentenciados.
Asimismo, aceptó la sugerencia de Grecia de establecer “como prioridad” la protección de la libertad de expresión y perseguir los crímenes contra periodistas; también dio validez a las recomendaciones de países como Estados Unidos, Noruega, Costa Rica e Italia, entre otros, de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas para que puedan realizar “su legítimo trabajo sin amenazas o represalias”.
De acuerdo con un informe remitido al EPU por el Sindicato de Periodistas del Paraguay y la plataforma internacional para la libertad de expresión IFEX, además de la impunidad sobre los diecisiete periodistas asesinados, quienes ejercen la profesión se enfrentan en la actualidad a condiciones de fragilidad y precariedad, sobre todo en “zonas de trabajo conflictivas… con influencia de las actividades ilícitas del tráfico de drogas”.
Durante su segunda comparecencia en el EPU, Paraguay recibió un total de 193 recomendaciones, de las cuales aceptó 186, rechazó seis y decidió diferir su decisión sobre una para la adopción del informe final, que tendrá lugar en junio de este año durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos. La recomendación diferida provino de Estados Unidos y hacía referencia a “convocar una comisión independiente” para investigar presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en el 2012 durante un desalojo de tierras en la región de Curuguaty, hechos que costaron la vida a once campesinos y seis policías.
De las recomendaciones rechazadas por el Estado, resaltan las reformas a sus leyes punitivas sobre el aborto, el cual es penalizado excepto en casos en los que la salud de la madre corre peligro, así como la ratificación del tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Respecto de la restricción del aborto, la delegación de Paraguay consideró que las recomendaciones formuladas no están acorde con la legislación nacional, en particular con el artículo 4 de la Constitución nacional.
En su intervención de cierre, el viceministro de Relaciones Exteriores, Oscar Cabello Sarubbi, quien encabezó la delegación oficial, adelantó que el país entregará un informe de medio término en 2018 sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones emanadas de la revisión; también indicó que seguirá fortaleciendo su sistema interno de monitoreo de las recomendaciones, SIMORE, que permitirá evaluar con mayor precisión el grado de implementación de los compromisos emanados del EPU.
