Por: Carmen Lucía Castaño
España mantuvo su determinación de no ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, durante su comparecencia el pasado miércoles ante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concebido para llevar a cabo un balance de la situación de los derechos humanos en los países miembros de la organización internacional.
Dicha Convención, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1990 y que entró en vigor en 2003 luego que completara sus primeras 20 ratificaciones, busca proteger los derechos de toda persona que lleve a cabo «una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional» y garantizar que su ejercicio no se vea afectado por ningún tipo de distinción.
Así, la Convención consagra la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias, independientemente de su estatus legal. Sin embargo, es clara al afirmar, en su artículo 35, que las disposiciones allí contenidas no implican «la regularización de trabajadores no documentados o en situación irregular». Por el lado de los trabajadores migrantes legalmente establecidos, son objeto de protección, entre otros, el acceso a planes de vivienda de interés social, la facilitación de transferencias al Estado de origen, la prevención de la doble tributación y el cubrimiento, en igualdad de condiciones que los nacionales, de los seguros de desempleo.
En lo que respecta a los Estados, la Convención establece las restricciones que pueden ser mantenidas en ejercicio de su autodeterminación. Por ejemplo, es potestad de todo Estado de acogida el establecimiento de los requisitos para el otorgamiento de permisos de residencia y trabajo, la limitación del acceso a diferentes categorías de empleo o la restricción de determinadas actividades remuneradas. Entre las obligaciones adquiridas se encuentran, entre otras, la lucha contra el tráfico de personas, la eliminación de la contratación ilegal y la facilitación del acceso a los servicios consulares requeridos por los migrantes.
Durante el EPU llevado a cabo el miércoles anterior, de los 88 países que intervinieron, 21 le recomendaron a España su adhesión a la Convención.
Los países que recomendaron la adhesión de España a la Convención fueron: Argelia, Benín, Costa de Marfil, Ecuador, Filipinas, Gabón, Ghana, Guatemala, Honduras, Indonesia, Irán, Nicaragua, Paraguay, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Timor Oriental, Turquía y Venezuela.
En su intervención durante el examen, el jefe de la delegación española, Ignacio Ybáñez, recordó que ningún país de la Unión Europea ha ratificado dicho instrumento y que la negativa de su Estado obedece a una decisión conjunta del ente supranacional. Asimismo, señaló que la legislación interna de su país ya ofrece protección para los derechos de la población migrante.
Ayer viernes, durante la adopción del informe preliminar por parte del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, España reiteró su decisión de llevarse todas las recomendaciones a estudio y será en junio próximo, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la que se aprobará el informe definitivo, que España deberá pronunciarse sobre cuáles recomendaciones acepta y cuáles rechaza.
Panorama Diplomático preguntó a la misión diplomática española por las razones de la posición de su país respecto de la no adhesión a la Convención internacional. Quisimos determinar si el hecho de que España sea ahora un Estado de origen y no sólo de recepción de migrantes podría significar una postura más favorable a la ratificación del instrumento, no obstante, su representante indicó no estar autorizado para pronunciarse al respecto.
