Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 27 de enero.- Otorgar sin discriminación las debidas garantías de protección judicial, limitar el tiempo de prisión preventiva con fines de investigación y agilizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional fueron algunas de las recomendaciones hechas a Suecia el lunes pasado durante su comparecencia en el Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos creado con el fin de hacer un balance de la situación de derechos humanos de los 193 miembros de la ONU.

Estas recomendaciones fueron ofrecidas al país donde cursa una investigación judicial contra el fundador y editor de Wikileaks, Julian Assange, hoy instalado en la embajada de Ecuador en Londres. Si bien goza del asilo político concedido por el país latinoamericano, el periodista no puede abandonar la sede diplomática. De hacerlo, se expondría a ser arrestado por la policía británica y extraditado a Suecia en donde correría, a su vez, el riesgo de ser transferido a Estados Unidos. En este último país, las autoridades judiciales pretenden involucrarlo en un juicio por conspiración para espiar, luego de que Wikileaks publicara comunicaciones y documentos reservados de funcionarios del gobierno norteamericano.

Sin hacer referencia explícita al caso Assange, Argentina sugirió a Suecia otorgar “garantías de no-devolución a cualquier persona bajo el control de las autoridades suecas mientras sea considerada como un refugiado por un tercer país”. Por su parte, Cuba enfatizó la importancia del acceso a las pruebas por parte de todo detenido, en tanto Nicaragua y Uruguay recomendaron velar por las garantías de protección judicial de las personas requeridas por las autoridades teniendo en cuenta los derechos individuales y los compromisos internacionales adquiridos por el país nórdico.

Finalmente, Ecuador, país que otorgó el asilo político a Assange en 2012, recomendó limitar el tiempo de detención preventiva con fines de investigación y optimizar la cooperación jurídica internacional para garantizar el debido proceso “específicamente en los supuestos en los que la persona afectada esté protegida por una decisión de asilo o el estatuto de refugiado”.

Durante una rueda de prensa, celebrada al margen del examen de Suecia y ofrecida por Baltasar Garzón, director del grupo jurídico que defiende a Julian Assange, la representante diplomática de Ecuador intervino en favor de la decisión de Ecuador de otorgarle el asilo político a Assange. Según la funcionaria, la violación a la privacidad de la que fueron víctimas tres periodistas de Wikileaks, cuyas cuentas Google fueron íntegramente examinadas por el gobierno norteamericano, confirmaba que Ecuador había tomado la decisión correcta al conceder el asilo a quien la administración del presidente Rafael Correa considera un perseguido político.