Por: Carmen Lucía Castaño

 

Ginebra, 30 de enero.- Suecia decidió no avanzar hacia el fortalecimiento de la cooperación entre naciones en materia judicial para mejorar las garantías procesales de individuos beneficiarios de asilo político.

La decisión se tomó en respuesta a la recomendación de Ecuador de “agilizar los mecanismos de cooperación jurídica internacional en los órganos judiciales y de la fiscalía para garantizar el debido proceso, específicamente en los casos en los que la persona afectada se encuentre protegida por una decisión de asilo o por el estatus de refugiado”. Esta recomendación hacía referencia tácita al caso de Julian Assange, periodista investigado por las autoridades suecas y buscado por el gobierno norteamericano, quien, bajo el amparo del asilo político que le fue otorgado por el país andino, se encuentra refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres.

El anuncio fue hecho ayer por la delegación de Suecia durante la adopción del informe preliminar presentado en Ginebra por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU). Este informe resume las recomendaciones hechas al país examinado por los países participantes en este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, diseñado para hacer un balance de la situación en materia de derechos humanos en cada uno de los 193 países miembros de la ONU.

No obstante, Suecia aceptó otras recomendaciones alusivas a las garantías procesales, como la facilitación del acceso a la protección judicial, en consonancia con los compromisos internacionales previamente asumidos por el Estado. Adicionalmente, Estocolmo se pronunciará durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar el próximo mes de junio sobre temas como el acceso a las pruebas y la garantía de no-retorno en favor de los detenidos, recomendaciones formuladas por Cuba y Argentina.

Tampoco se fortalecerán derechos de trabajadores migrantes

Por otro lado, la delegación sueca reiteró su decisión de no ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, un instrumento que busca proteger los derechos de toda persona que lleve a cabo una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. Numerosos países habían hecho una recomendación en este sentido durante el Examen.

La Convención, vigente desde 2003, consagra la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y sus familias, independientemente de su estatus legal. Sin embargo, sus disposiciones no implican “la regularización de trabajadores no documentados o en situación irregular”. A la luz del instrumento, los trabajadores migrantes legalmente establecidos deben gozar del ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los trabajadores nacionales. Los Estados adherentes, por su parte, mantienen plena autodeterminación para dotarse de su política migratoria y adquieren el compromiso de combatir eficazmente el tráfico de personas y el empleo ilegal.

Suecia aclaró que la decisión de ratificar este instrumento no puede ser tomada sin el acuerdo de la Unión Europea. Una posición semejante fue adoptada por España la semana pasada cuando compareció ante sus pares en el marco de su segundo EPU.