Examen Periódico Universal: ¿Un sistema de promesas incumplidas?
El prestigio del Consejo de Derechos Humanos se juega en estos exámenes, en los que escuchamos, asombrados, cómo se repiten promesas hechas hace cuatro y ocho años en los dos primeros ciclos del EPU.
Estamos asistiendo al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) y al escuchar las intervenciones de los Estados examinados, como en el caso de Guatemala el día 8 de noviembre, se reafirma mi convicción en cuanto a que el prestigio del Consejo de Derechos Humanos se juega en estos exámenes, en los que escuchamos, asombrados, cómo se repiten promesas hechas hace cuatro y ocho años en los primeros dos ciclos del EPU. Y lo digo aun cuando no soy un pesimista inveterado, pues creo que el sistema de derechos humanos de la ONU cumple una muy importante misión para evitar más y peores violaciones de los derechos humanos.
Me refiero al caso de Guatemala porque es un ejemplo que ilustra perfectamente el poco avance que ha aportado el EPU para mejorar la implementación de medidas reales que protejan a la población y generar un cambio profundo.
Guatemala, por medio de un compromiso voluntario adquirido en su EPU anterior, se comprometió a poner en marcha el mecanismo para la protección de los periodistas. Esto lo hizo como reacción a la muy fuerte presión y actividades de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente del Centro de Reportes Informativos de Guatemala (CERIGUA) y su directora, Ileana Alamilla, quien ha trabajado por años para obtenerlo. Sin embargo, cinco años y un mes después aún el Estado de Guatemala no ha cumplido con su compromiso, a pesar de que cuenta con el aval del presidente de la República.
Con CERIGUA, agencia de prensa y organización especializada en temas de libertad de expresión y protección de periodistas, la RIDH hizo labores de incidencia ante misiones diplomáticas en Ginebra el pasado mes de septiembre. Como resultado, nueve Estados formularon recomendaciones específicamente sobre estos asuntos: Francia, Grecia, El Vaticano, Indonesia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Chile y Venezuela.
El 14 de noviembre Guatemala terminó su examen. El documento aprobado por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal incluye estas recomendaciones dándolas por aceptadas, excepción hecha de la formulada por Venezuela.
El verdadero prestigio del Consejo de Derechos Humanos y del Examen Periódico Universal se juega en el seguimiento de las muchas recomendaciones aceptadas por parte de los Estados, para que se pueda garantizar su implementación. En caso contrario, asistiremos de nuevo, dentro de cuatro años, al EPU de Guatemala para constatar, no sin asombro, que el Estado, como otros de sus pares ante el EPU, utilizó este examen solo para ganar tiempo, sin emprender acciones estructurales para atacar las causas que originan los fenómenos de violación resaltados en las recomendaciones recibidas.
Un antiguo titular de varios mandatos de la Comisión de Derechos Humanos y del Consejo, sin duda de manera un poco sarcástica, decía que al EPU deberíamos llamarlo “el examen diplomático universal”. Hacía alusión, creo yo, al hecho de que los Estados crearon este sistema de exámenes dentro del Consejo para garantizar el control por su parte de los resultados obtenidos al final de dicho proceso.
Al crear el EPU, los Estados no aceptaron crear un sistema de indicadores de seguimiento que fuera parte del examen. Algunos han puesto en marcha plataformas informáticas y comisiones que deben monitorear y agrupar las recomendaciones recibidas por los diferentes relatores, comités de tratados y el EPU, pero tenemos claro que esto no es suficiente: se requiere voluntad política, un sistema de rendición de cuentas, combatir la corrupción, justicia independiente y sistemas control de la financiación de campañas políticas por solo mencionar algunos temas.
Guatemala, antiguo miembro del Consejo, cuenta con la presencia de instituciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El Estado guatemalteco debería pagar caro esta presencia de las Naciones Unidas mostrando su firme compromiso para implementar las recomendaciones recibidas, o, por lo menos, sus compromisos voluntarios: la credibilidad del Estado y la del sistema de derechos humanos están en juego.
